Este martes expira el plazo para que los partidos registren sus peticiones de comparecientes en la comisión de formación

Este martes, 26 de enero, a las 19,00 horas, finaliza el plazo para que los cinco grupos parlamentarios registren en la Cámara andaluza los comparecientes que quieren que acudan a la comisión de investigación sobre las irregularidades en los cursos de formación en una primera ronda, merced del acuerdo alcanzado por los partidos en la última reunión del órgano.
La comisión de investigación de formación en su reunión de hoy
La comisión de investigación de formación en su reunión de hoy
EUROPA PRESS/PARLAMENTO
La comisión de investigación de formación en su reunión de hoy

Este martes, 26 de enero, a las 19,00 horas, finaliza el plazo para que los cinco grupos parlamentarios registren en la Cámara andaluza los comparecientes que quieren que acudan a la comisión de investigación sobre las irregularidades en los cursos de formación en una primera ronda, merced del acuerdo alcanzado por los partidos en la última reunión del órgano.

La comisión de investigación se volverá a reunir el viernes, a partir de las 10,00 horas para el análisis y aprobación, en su caso, de los comparecientes.

Entre los comparecientes podría estar la presidenta de la Junta, Susana Díaz, toda vez que tras el último encuentro del órgano, los miembros del PP-A, de Podemos y de Ciudadanos (C's) confirmaron que solicitarán su asistencia, una decisión que se tomará por votación ponderada de la comisión. El PSOE-A cree que la presidenta no debe comparecer mientras IULV-CA ha considerado "innecesaria" la declaración, en este momento de la investigación, de Susana Díaz.

La propia Susana Díaz afirmó el pasado miércoles que está dispuesta a comparecer ante la comisión cuando el Parlamento se lo pida, toda vez que aseguró "tener respeto por las instituciones y por los andaluces", frente a los que "pretenden manipular, y no quieren conocer la verdad".

De otro lado, C's ya ha anunciado que también solicitará que acuda en esta ronda la ministra de Empleo, Fátima Báñez, un extremo sobre el que el PSOE-A no ha concretado aún su postura. De su lado, el PP-A cree que no se puede "equiparar" en este asunto a Báñez y a Díaz; Podemos aún no han tomado una decisión sobre la ministra, e IULV-CA tampoco ve necesaria su asistencia, por el momento.

Así las cosas, será el siguiente viernes, 29 de enero, cuando las propuestas serán sometidas a votación y se conozca el listado definitivo de comparecientes. Al margen de éstas, habrá una segunda ronda de solicitudes de comparecencias, una vez sustanciadas las primeras.

De su lado, Podemos ha solicitado este lunes formalmente la ampliación del plazo de solicitud de comparecientes de la comisión porque "la Junta no ha facilitado los documentos necesarios que permitirían conocer y citar ante la comisión a las personas que mayor luz pueden arrojar sobre este asunto".

Además de estas comparecencias, el presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), informó el pasado martes de que los grupos acordaron "de manera unánime" adelantar el inicio de las comparecencias para febrero con el interventor general de la Junta y los ocho interventores provinciales. Concretamente comparecerán el 16 y 18 de febrero, en turnos de mañana y tarde, y el 19 por la mañana, cuando será el turno del interventor general.

COMPARECIENTES

El PSOE-A ha rechazado este extremo al criticar que alguien pretenda "alterar el procedimiento, anticipando un calendario de comparecencias que ni se ha registrado por escrito ni se ha aprobado en el seno de la comisión"; por lo que ha presentado un escrito, dirigido también a la Mesa de la Cámara, para que se restablezca el reglamento que se ha dado la propia comisión de investigación. No obstante, los socialistas van a pedir la comparecencia de los interventores.

Asimismo, aunque no han aclarado si pedirán la comparecencia de Báñez, los socialistas sí le han exigido a la ministra que remita de manera inmediata a la comisión toda la documentación que se le ha solicitado, porque, hasta ahora, no ha llegado "ni un solo papel".

De su lado, el PP-A ha considerado necesario que Susana Díaz dé explicaciones sobre cuántas sedes de su partido se han podido pagar con los fondos de los cursos de formación, y ha dicho que no van "vetar a nadie" en la comisión, pero que no se puede equipar a la ministra de Empleo con las actuaciones del Gobierno andaluz en esta materia.

La secretaria general del PP-A, Dolores López, anunció en octubre en una entrevista con Europa Press que citará a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, a familiares de cargos políticos del Gobierno que se hayan podido beneficiar del fraude, y a los consejeros de Educación o Empleo que durante el periodo a investigar hayan tenido competencias en la concesión de ayudas a la formación y a los delegados provinciales.

Entretanto, Podemos ya ha anunciado que citará, además de a Susana Díaz, a los consejeros y responsables en materia de formación durante el periodo investigado, a técnicos, formadores y personal de la Junta de niveles inferiores como funcionarios "de a pie".

Por parte de C's, que sí ha confirmado que citará tanto a Susana Díaz como a Fátima Báñez, ha asegurado que "nadie que pueda aportar luz se va a escapar de comparecer en la comisión de investigación presidida por C's" y que "no le va a temblar el pulso a la hora de llamar a nadie".

Mientras, IU ha anunciado que quiere conocer los vínculos entre la trama de empresarios "cazasubvenciones" y los responsables de formación de la Junta, y citará a los responsables de las empresas que fueron creadas días antes de la percepción de las subvenciones objeto de estudio y que no tuvieron que justificar el dinero. También llamará a responsables de la Junta, a Ángel Ojeda o Carlos Cañavate, director general de Formación Profesional cesado en noviembre de 2014, entre otros.

Falta documentación por llegar

También la comisión acordó en su último encuentro que el presidente del órgano parlamentario se dirija nuevamente al Gobierno andaluz para requerirle que aporte la documentación que aún resta por llegar en formato digital y pedirle que digitalice la información que no lo esté para que sea "más operativo, y por cuestión de espacio y agilidad".

Además, formulará otro escrito al conjunto de administraciones e instituciones a las que la comisión de investigación también ha solicitado documentación y que aún no la han enviado. Como se recordará, se ha requerido información al Gobierno de Madrid o al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre otras administraciones.

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