La Intervención de la comunidad autónoma fiscalizará a lo largo de este año el contrato de construcción y explotación del Puerto pesquero, recreativo y deportivo de Laredo para verificar el cumplimiento de todo el proceso formal como la aplicación de los fondos públicos.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, en respuesta a una interpelación del grupo mixto-Ciudadanos.

Mazón ha señalado que la intervención que se llevará a cabo será tanto formal —consistente en la verificación de que se han cumplido los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo para este contrato a través del examen de los documentos que deben componen el expediente— como material, comprobándose la real y efectiva aplicación de los fondos públicos relativos al contrato.

En la tarea de intervención formal, se realizará pues una fiscalización previa tanto del contrato de concesión del Puerto de Laredo, que data de 2005, como la resolución del mismo, documentos que en parte se encuentran ya en manos de la Intervención de la comunidad autónoma.

Esto es necesario para cuantificar el importe que debe abonar la Administración regional a la adjudicataria por las inversiones realizadas.

Además, en su interpelación, el consejero ha vuelto a insistir que el Ejecutivo regional llevará en el actual periodo de sesiones la presentación de un plan de explotación del Puerto de Laredo, instalación que pasará a manos del Ejecutivo regional una vez se resuelva el proceso de resolución del contrato con la adjudicataria.

Emergencia habitacional

Por otra parte, la emergencia habitacional en que se encuentran algunas familias ha vuelto a un Pleno del Parlamento de Cantabria en unas preguntas de Podemos al consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón.

El consejero ha informado que la Oficina de Mediación Hipotecaria creada por el Gobierno de Cantabria ha atendido desde su creación 17 casos de familias en emergencia habitacional, de las cuales once de ellas están afectadas por ejecuciones hipotecarias y las seis restantes acudieron por difultades para pagar el alquiler.

Según los datos aportados por Mazón, de los once casos de ejecución hipotecaria presentados en la Oficina, cinco estaban pendientes de negociación, tres habían concluido con acuerdo y los tres restantes no habían vuelto a contactar con este recurso del Gobierno de Cantabria una vez presentado su caso.

Lo mismo ha ocurrido con uno de los casos de alquiler presentados en la Oficina. De los cinco restantes, hay dos ante los que el Gobierno de Cantabria está evaluando tomar algún tipo de medida después de que hayan incumplido por segunda vez el acuerdo para el alquiler.

Ante estas cifras, el diputado de Podemos José Ramón Blanco ha considerado "pocas" las personas que se han dirigido a esta Oficina, cuya creación fue una de las condiciones que impuso para facilitar la investidura del regionalista Miguel Ángel Revilla como presidente autonómico y, con ello, el Gobierno bipartito.

Blanco ha comparado los números de casos atendidos por la Oficina con los tratados por las plataformas de afectados por la hipoteca de la región, a las cuales —ha dicho— se han dirigido más de cien casos de familias afectadas por ejecuiciones hipotecarias. Por ello, ha pedido al consejero que se promocione y dé más publicidad a la Oficina para que los ciudadanos conozcan su existencia.

También el consejero ha informado, a petición de Podemos, que el Parque de Vivienda Pública del Gobierno de Cantabria se compone actualmente de 194 inmuebles ubicadas en 19 municipios, además de las 20 que están en construcción en Laredo. De ellas, hay más de medio centenar disponibles.

Además, el consejero ha avanzado que el Gobierno de Cantabria tiene previsto adquirir otra veintena de viviendas.

Mazón ha informado que el Ejecutivo regional está realizando un inventario de las viviendas que componen los distintos parques municipales. Los 55 ayuntamientos que han aportado esa información —no ha especificado cuáles— tienen 350 viviendas, 64 libres y 286 ocupadas.

A preguntas de Podemos, el consejero ha señalado que ninguna de las viviendas que componen el Parque autonómico han sido cedidas por las entidades financieras, si bien se está en negociaciones con la SAREB sobre la posibilidad de incorporar 40.