El exinterventor del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Castro ha asegurado que los expedientes de convenios urbanísticos se tramitaban "al margen" de los servicios municipales del Consistorio, ya que se desarrollarán, en su opinión, sin tener tasaciones o valoraciones "objetivas" realizadas por parte de los funcionarios.

Castro ha declarado como testigo en el juicio del caso 'Goldfinger', que versa sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer —a los que no se juzga—. Están acusados el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, el que fuera regidor Julián Muñoz y otras 16 personas.

La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Al principio se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con las sociedades Malibú y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 apartamentos, denominada Malibú, finalizada en 2005. Luego se amplió a delitos fiscales por la explotación de la promoción.

Así, este funcionario ha indicado que la tramitación la llevaba Planeamiento 2000, dirigida por Roca; y se ha ratificado en el contenido de un informe que elaboró en 2001 en el que exponía una serie de "anomalías" en la gestión de los convenios, como la falta de informes urbanísticos realizados por técnicos municipales, quienes, considera, también tendrían que hacer las tasaciones de suelo.

Castro ha señalado que en ese informe se relatan "anomalías en la tramitación de los convenios" y daba su opinión sobre la necesidad de "pasar de una valoración subjetiva a una objetiva" de los suelos, con una especie de reglamento para dar "más seguridad al Ayuntamiento y los propietarios". Ha reconocido que esto no se llegó a hacer mientras él estuvo en el Consistorio hasta que se jubiló en 2012.

Ha explicado que realizó el escrito para cumplir la Ley de Hacienda Locales al "discrepar de la filosofía en esos momentos de los convenios porque no se me comunicaban ni a mí ni al tesorero los que se habían ultimado o se habían celebrado". "A veces, teníamos que hacer búsquedas para saber a qué convenio correspondían ingresos en efectivo en las cuentas", ha precisado.

Ha indicado que en dicho documento estaba incluido uno de los convenios investigados en esta causa, el de la sociedad Malibú —que tenía el terreno donde estaba el chalé de los Connery—, y ha admitido que no puso ninguna observación sobre el acuerdo, "posiblemente porque era uno de los muchos sobre los que no informé porque el Ayuntamiento no había participado más que en el cobro".

También ha declarado como testigo el extesorero, quien ha indicado que emitió un requerimiento de pago de la cantidad que debía By the Sea, otra de las investigadas, por la firma de un convenio.

Éste ha dicho que anuló dicho requerimiento al recibir un fax de Planeamiento pidiéndoselo, aunque ese documento no está en la causa. No obstante, ha precisado que posteriormente dictó otro que quedó pendiente en el expediente.