El sindicato UGT ha denunciado la "falta de respeto absoluto" del Ayuntamiento de Santander a los derechos "básicos" de los trabajadores, algo que hace "vulnerando todo tipo de normas", una actitud que ha calificado de "lamentable y vergonzosa".

La portavoz de UGT en el Consistorio, Carmen Meruelo, y el delegado de personal de la Policía Local, Nicolás Ruiz, así lo han denunciado este lunes en una rueda de prensa en la que han dado a conocer una sentencia ganada por un agente de Movilidad.

A este agente, han criticado que se le impuso un expediente sancionador ignorando no sólo "la presunción de inocencia" del trabajador sino también las "pruebas testificales", todo ello para "machacar a un empleado y que los demás escarmienten".

En concreto, la Junta de Gobierno Local aprobó una sanción de suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 10 días para este agente de Movilidad por una "infracción disciplinaria grave" porque se negó a utilizar la PDA para poner multas porque no había recibido la formación pertinente debido a que, cuando se impartió, se encontraba de baja.

Al reincorporarse al trabajo, requirió a sus superiores de la Policía Local y al Ayuntamiento que se le facilitase la formación que habían recibido sus compañeros y, según señala la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander fechada el 15 de diciembre de 2015, se le negó tanto por parte de los mandos (cabo y sargento de la Policía Local) como del Ayuntamiento.

Sin embargo, otros agentes de Movilidad que tampoco pudieron asistir a la jornada de formación sí recibieron posteriormente toda la información sobre la utilización de la PDA, según estos mismos trabajadores declararon ante el juzgado.

UGT ha considerado que el caso de este trabajador es "el ejemplo más claro" de "cómo el Ayuntamiento de Santander vulnera todo tipo de normas" y se salta "los derechos de los trabajadores", ya que sanciona a un empleado por negarse a utilizar un dispositivo para cuyo uso no había recibido la "formación adecuada" y de la que es "responsable" la propia administración.

No obstante, el sindicato cree que detrás de este caso "vergonzoso" —hay otros similares, según ha asegurado— lo que hay es una "actitud de meter miedo a la gente y así lograr que muchos no acudan a los juzgados a denunciar este tipo de situaciones por miedo".

Y es que los sindicalistas han asegurado que, con estas prácticas, el Ayuntamiento lleva a los funcionarios a "un indefensión total" ya que abre expediente omitiendo todas las "pruebas" y obligando a los trabajadores a acudir a la vía judicial a "gastarse el dinero de sus bolsillos". "Total, a ellos les da igual porque, aunque pierdan el litigio y les impongan las costas, se paga con dinero público", han apostillado.

Según UGT, esa práctica de "abrir expediente a alguien para meter miedo al resto" hace que, siendo "benévolos" en los cálculos, haya "unos 50 o 60 empleados" del Consistorio que anualmente dejan de denunciar situaciones en las que "se vulneran sus derechos, ya sean laborales o personales".

En cuanto al cuerpo de agentes de Movilidad, creado en 2008 y que depende directamente de la Policía Local, han denunciado que "se han hecho auténticas barbaridades y burradas" con los derechos de estos agentes.