La Audiencia Provincial de Granada acoge a partir de este lunes y durante ocho días de los meses enero, febrero y marzo el juicio contra los exalcaldes de Atarfe (Granada) Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso, ambos del PSOE, por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado.

Concretamente, la vista tendrá lugar este lunes y martes, el 1, 4, 5 y 22 de febrero, y el 1 y el 3 de marzo, y en el banquillo se sentarán no sólo los exalcaldes, que se enfrentan a dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística, sino también el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., y el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., para los que la Fiscalía pide la misma pena que a los anteriores.

Asimismo, el Ministerio Público atribuye tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof —la empresa propietaria de los terrenos—, Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G. y Marcelino M.D.F. Para cada uno de ellos solicita seis años de prisión y multa de 14.400 euros.

Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto Víctor Sánchez —alcalde desde 1991 hasta marzo de 2009— como Tomás Ruiz, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, "aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad", concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.

Con ello, favorecieron y permitieron que las sociedades implicadas procedieran a la venta de inmuebles "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las licencias". De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.

La Fiscalía mantiene que esto se hizo "eludiendo los requisitos exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo y los trámites legalmente previstos para ello", en ocasiones, previo informe favorable del arquitecto municipal, "pleno conocedor" dado su cargo de "las condiciones exigidas legalmente".

Con ello considera el fiscal que los procesados incumplieron "consciente y deliberadamente" lo establecido en la normativa vigente, una actuación que se desarrolló con "el conocimiento y el consentimiento" del secretario del Ayuntamiento, quien "faltando a su deber", permitió la "vulneración de la normativa urbanística", "no advirtiendo deliberadamente de la ilegalidad de la actuación".

Los empresarios urbanísticos

Para el fiscal, los responsables de las empresas Bareo Investments y Vladiglof, y de las promotoras Península Project, y Costaind S.A. y Costa Indálica, guiados por el ánimo de "obtener un lucro ilícito" procedieron a la venta de los pisos de que eran titulares en el complejo residencial, aún siendo plenamente conscientes de la situación en que se encontraban las viviendas y que al presentar graves irregularidades en la normativa urbanística no podían obtener las licencias necesarias, además de que no contaban con condiciones de habitabilidad al no estar ejecutadas las obras de saneamiento ni estar dotadas de los servicios necesarios.

La Fiscalía mantiene que "ocultaron" estos problemas a los compradores de las viviendas, toda vez que de haberlo sabido no hubiesen llevado a cabo la adquisición ni el pago de su precio, añadiendo que "la publicidad realizada incluso a través de Internet y la apariencia de solvencia de los representantes legales de las sociedades implicadas en estos hechos determinaron las adquisiciones de las viviendas".

De hecho, el Ministerio Público reclama además declarar la nulidad de las siete licencias de primera ocupación concedidas de manera ilegal y la indemnización conjunta, por parte de los acusados, a los adquirientes de las viviendas en las cantidades en que se acredite el perjuicio ocasionado.

En caso de que por las irregularidades urbanísticas concurrentes en las viviendas objeto de la causa no sea factible obtener los servicios que permitan la habitabilidad, reclama que se declare la nulidad de las escrituras de compraventas.

Las reivindicaciones de los propietarios

Los propietarios de las viviendas de Medina Elvira de Atarfe (Granada) han reclamado en multitud de ocasiones la conclusión de las obras en Medina Elvira, lo que les permitirá contar con servicios esenciales como luz o agua potable, o indemnizaciones que resarzan la "estafa" de la que se ven víctimas.

La urbanización fue concebida entre los años 2004 y 2005 por el promotor Maximiliano Balboa, que contó con el respaldo del entonces alcalde, Víctor Sánchez (PSOE), para levantar un total de 3.500 viviendas en una zona que, según Salvemos la Vega, incluía barrancos y suelos no urbanizables por su especial protección. Actualmente, en el terreno, muy cercano al pantano de Cubillas, se edificaron un total de 990 viviendas, de las que están terminadas 430.

El campo de golf estuvo operativo hasta hace 2012 y, pese a que aún cuenta con socios, está "abandonado" y luce carteles que advierten del "peligro de ganado suelto", ya que pueden verse en el lugar caballos salvajes, o "campo cerrado por cese de actividad. La empresa no se hace responsable".

De todas las viviendas construidas, sólo se han vendido un total de 49, y en algunas urbanizaciones hay tan solo un vecino. El propietario del suelo, Vladiglof, consiguió vender, según las fuentes consultadas, 10 parcelas de un total de 23 por más de 85 millones de euros, mientras que las restantes las hipotecó por 37 millones de euros con distintas entidades financieras.

Entre 2008 y 2010, las promotoras que adquirieron las parcelas (Península Project, Bareo, Costaind y Costa Indálica) obtuvieron por parte del Ayuntamiento de Atarfe licencia de primera ocupación, "pese a que la urbanización no estaba aún recepcionada" y no contaba con servicios "esenciales" de abastecimiento o de saneamiento de aguas residuales. Entonces, comenzaron las ventas de viviendas, con el reclamo del campo de golf, una casa-club ya construida (en la que se suicidó su propietario asfixiado por las deudas) y un centro educativo bilingüe hoy inmerso en un proceso judicial.

Así señaló en su día en un encuentro con algunos periodistas el presidente de la comunidad de propietarios Cortijo Armengol, Antonio Grande, que aseguró que la urbanización se vendió como "un complejo de ensueño", que incluía hasta piscinas climatizadas interiores o sauna en zonas comunes, que contaban con el "aval" del Ayuntamiento de Atarfe y que tenían, en un principio, "apariencia de legalidad total".

El caso es que, a día de hoy, según Grande, los vecinos sufren las carencias de agua potable, y los robos continuos en una urbanización que hoy es "fantasma", pese a que pagaron cantidades que oscilaron entre los 180.000 y los 400.000 euros.