La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha decidido dar por concluida su actuación sobre los consorcios escuela, al encontrarse éstos "en vías de solución".

En la queja abierta por la oficina en su momento por este asunto, consultada por Europa Press, el Defensor alude al informe de la Secretaría General de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que indica que "el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión del pasado día 15 de septiembre aprobó el Decreto-Ley 5/2015 para la integración de los Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de la modificación de los fines de esta agencia. Tanto los 167 trabajadores de los diez centros de la red como todo su equipamiento e infraestructura pasarán a formar parte del SAE, garantizándose así la continuidad de una oferta formativa que en este curso se impartirá a más de 4.900 alumnos (...)".

El Defensor resalta que "con esta cobertura jurídica, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio podrá adoptar las soluciones necesarias como titular de las competencias en formación profesional para el empleo, que en la pasada legislatura ostentaba Educación".

Recuerda que también se han modificado los fines y la denominación de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que a partir de ahora se llamará Agencia Pública Andaluza de Educación.

Ha añadido que en la exposición de motivos del decreto ley "se recuerda que la actual situación de los consorcios se genera debido a las reformas introducidas por las nuevas leyes estatales de racionalización del sector público y de la Administración local aprobadas en 2014 y 2013, respectivamente". Ambas normas establecieron "modificaciones de calado que impiden la participación de las entidades locales en la red formativa andaluza".

Por ello, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo el 21 de octubre de 2014 que iniciaba la disolución de los consorcios para su posterior cesión global de activos y pasivos a una entidad jurídicamente adecuada que permitiese la continuidad de la actividad formativa. Con el decreto ley aprobado ahora "se da el paso decisivo para culminar este proceso con la integración de la red en el SAE".

Ha apuntado que la norma "recoge las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el sentido de que la red de consorcios debía dejar de sustentarse económicamente por una subvención anual de la Junta casi en su totalidad". Asimismo, "se adecua a las medidas de rigor y transparencia del Gobierno andaluz en la gestión de la formación profesional para el empleo".

El Defensor ha recordado que "para facilitar la integración en el SAE se modifica la ley de creación de esta agencia pública en el apartado dedicado a su objeto y fines, y se introduce entre ellos 'la gestión de infraestructuras, los recursos humanos y el equipamiento de los centros de formación para el empleo de titularidad de la Junta de Andalucía'" e igualmente se añade la ejecución de acciones incluidas en esta materia y la planificación de la oferta que se realice por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio".

Ha añadido que, en cuanto al procedimiento, la red de centros estará adscrita a la Junta a través del SAE que se subrogará tanto en los bienes, derechos y obligaciones de sus activos y pasivos. Previamente cada consorcio deberá aprobar un proyecto de cesión global que comprenda, entre otros aspectos, la fecha a partir de la que tendrá efectos contables y la información sobre activos y pasivos. Una vez aceptada por el SAE la cesión se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La red

La Red de Consorcios Escuelas de Formación para el Empleo gestiona una oferta formativa especializada y adaptada a las necesidades específicas de cualificación en sectores económicos de zonas concretas de la comunidad autónoma. Con un nivel de inserción medio del 90% está integrada por los centros del Mármol en Fines (Almería); Hostelería en Cádiz; Joyería en Córdoba; Madera en Encinas Reales (Córdoba); Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada; Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva); Hostelería y Turismo en Puente del Obispo (Baeza, Jaén); Hostelería en Benalmádena (Málaga); La Cónsula de Hostelería en Málaga, y Artesanos en Gelves (Sevilla)."

"detenido" estudio

Por todo ello, la Oficina del Defensor ha resaltado que tras un "detenido" estudio de dicha información, observa que "el asunto controvertido se encuentra en vías de solución".

Asimismo, ha hecho constar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la sesión celebrada el día 6 de octubre de 2015, aprobó una transferencia de créditos, por importe de 12,96 millones de euros, para financiar el proceso de integración de los consorcios escuela en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Para el Defensor, la financiación aprobada "supone el paso decisivo para la adscripción de la red de consorcios a la Junta a través del SAE, que se subrogará en los bienes, derechos y obligaciones de sus activos y pasivos". Previamente, cada consorcio deberá aprobar un proyecto de cesión global que, una vez aceptada por el SAE, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No obstante, reconoce que "en fechas recientes, trabajadores del Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Málaga) (Ciomijas) nos comunican que éste habría sido excluido de la solución dada por la Administración al resto de los Consorcios afectados, por lo que se habría dado solución a sólo 10 de los 13 consorcios y los trabajadores del Ciomijas continúan en la incertidumbre sobre sus puestos de trabajos y sin percibir sus nóminas".

Ha aludido al hecho de que "igualmente, a los empleados de los consorcios escuela de Hostelería, La Cónsula, de Málaga y Escuela de Hostelería La Fonda, en Benalmádena (Málaga), aún se les adeudan más de ocho meses de salarios y se ha suspendido el curso; y, además, en el caso de La Cónsula, se ha cerrado el restaurante".