El Gobierno vasco asegura haber "evitado" que el Ejecutivo español recurra al Tribunal Constitucional la ley de Derecho Civil, aprobada con los votos de la mayoría de la Cámara vasca ya, que, tras cinco meses de negociación bilateral, el Gobierno español "ha reconocido la competencia exclusiva de Euskadi" en la materia y la del Parlamento para decidir el ámbito territorial afectado por la Ley de Derecho Civil vasco.

De este modo, los boletines oficiales del Estado y del País Vasco publicarán este lunes el acuerdo alcanzado por los gobiernos vasco y español para interpretar el artículo 117 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, "aprobada con un amplio consenso del Parlamento vasco en junio del pasado año", ha informado el Ejecutivo vasco.

El acuerdo, firmado por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, llega tras cinco meses de negociación en el seno de la Comisión Bilateral Estado-País Vasco.

"Es importante porque el Gobierno español reconoce que la competencia para desarrollar el derecho civil vasco, es exclusiva de Euskadi, tal y como señala el artículo 10.5 del Estatuto de Gernika. Además, respeta la capacidad del Parlamento vasco para decidir el ámbito territorial afectado por la nueva Ley de Derecho Civil vasco", han destacado.

En este sentido, el Gobierno vasco lamenta que hayan sido necesarios cinco meses de negociación bilateral para que el Ejecutivo español reconozca una competencia claramente recogida, desde hace casi 30 años, en el Estatuto de Gernika. Además, el Gobierno vasco recuerda que esta ley nació a iniciativa de la mayoría de los Grupos Parlamentarios, PNV, PSE y PP, y goza de "amplísimo consenso en el ámbito del Derecho en Euskadi".

Sucesión abintestato

El acuerdo aclara que en Euskadi, en los casos de fallecimiento de una persona en los que no hay testamento, ni personas herederas legítimas -sucesión abintestato- la heredera será la Administración General de Euskadi, quien a su vez será la encargada de repartir los bienes a partes iguales entre ella misma, la Diputación Foral del territorio y el municipio en los que la persona fallecida haya tenido su última residencia, de tal forma que a cada una de estas instituciones les corresponda un tercio de lo heredado.

De este modo, el Gobierno vasco ha conseguido que se respete la normativa aprobada de forma mayoritaria por el Parlamento vasco que dispone que la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco sustituya al Estado y a la Diputación correspondiente como beneficiario para todos los casos de sucesión legal o intestada.