El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, lamentó el "inexplicable retraso" que han sufrido de nuevo las medidas que el Gobierno debía aprobar en Consejo de Ministros para paliar las consecuencias de la sequía que "atenaza y asfixia de forma insoportable ya a nuestros agricultores".

Sánchez, quien el viernes visitó a los regantes de la diputación lorquina de La Paca, se refería así a la no aprobación por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de la exención de Declaración de Impacto Ambiental para los pozos de sequía que tanto la ministra de Agricultura como el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, se habían comprometido a abrir para paliar la situación de sequía.

"Esperamos que el próximo viernes el Consejo de Ministros tenga ya a bien dar luz verde a unas medidas que han sufrido ya varios retrasos inexplicables, y que en la Región se habían ya dado por hechas y se habían vendido al sector como una panacea", apunta Sánchez.

Ciudadanos estará atento al desarrollo el lunes de la reunión prevista por la Mesa del Agua, y en la que a buen seguro se abordará esta problemática, según han informado fuentes de la formación naranja en un comunicado.

Por su parte, los diputados nacionales de Ciudadanos por la Región, Miguel Garaulet y José Luis Martínez, también han anunciado que se interesarán desde sus responsabilidades parlamentarias en Madrid por la "agilización de los trámites" para poder abrir los pozos de sequía.

Ambos también informaron al grupo parlamentario de Ciudadanos de la "gravedad" y las "importantes consecuencias" que para los agricultores de la Región va a suponer el caso de corrupción de Acuamed.

Desde la Región, Sánchez también incidió en estas consecuencias, que se pueden ya adivinar en la posible paralización de la llegada de fondos de la Unión Europea para las obras que impulsa Acuamed.

Dichos fondos suponen por ejemplo el 80 por ciento de la financiación de las obras de conexión de la desalinizadora de Águilas con las comunidades de regantes de Puerto Lumbreras, Lorca e incluso Totana, y "una paralización de las obras por falta de dinero supondría que miles de regantes se quedaran sin el agua que tenían previsto captar de la planta de Águilas, un perjuicio que solo en el caso de Puerto Lumbreras estaría en torno a cinco hectómetros de agua".

"Está claro que la corrupción no solamente nos cuesta miles de millones de euros a los murcianos y españoles, sino que ahora también nos cuesta miles de millones de litros de agua", afirma Miguel Sánchez, quien pide explicaciones tanto al Gobierno regional como al Ministerio de Agricultura sobre el impacto y las posibles medidas a adoptar en caso de confirmarse las informaciones que apuntan a una suspensión de las obras.