Izquierda Unida reitera su preocupación y rechazo a la implantación del proyecto de central de producción de energía eléctrica mediante biomasa en la ciudad de Monzón.

Si la semana pasada, su portavoz en las Cortes, Patricia Luquin, pidió al Gobierno de Aragón que revise la declaración de impacto ambiental de planta, esta semana ha registrado una Pregunta parlamentaria al consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, relativa a las afecciones para la salud que pudiera generar la actividad de la futura central, habida cuenta de la cercanía de la misma al casco urbano.

El motivo por el que IU pregunta sobre este asunto al Departamento de Sanidad es porque la formación política y social tiene dudas sobre si Sanidad Pública haya informado previamente en relación con la declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 31 de agosto por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

En este sentido, el Coordinador de IU Alto Aragón y concejal de Cambiar Monzón, Miguel Aso, ha explicado que, según ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, el Gobierno de Canarias ha paralizado la construcción de una central de biomasa en las islas como consecuencia de informes desfavorables del Departamento de Salud canario, al considerar que la instalación proyectada, generaría importantes perjuicios a los habitantes de Las Palmas, pues las afecciones abarcarían un radio de más de 3 kilómetros, ocupado con ello la práctica totalidad de la ciudad.

En el caso de Monzón, se plantea ubicar la planta de biomasa a 600 metros del casco urbano, en la dirección de vientos dominantes a la ciudad, ha mencionado. "Con la normativa del año 1969, este tipo de industrias pesadas no podían ponerse a menos de 2.000 metros del núcleo urbano y hoy se ha dejado poner a 600, lo que es una temeridad", ha advertido Aso, para recordar que "los servicios técnicos municipales consideran que el estudio presentado por el promotor tiene carencias importantes para este tipo de instalación, especialmente teniendo en cuenta su cercanía".

Entre otras, la información del promotor no aporta datos sobre el aumento de PM 2,5 y benzopirenos en la ciudad, "cuando diversos estudios hablan de los importantes riesgos para la salud de contaminantes emitidos por centrales de incineración de biomasa, entre ellos estas partículas", ha señalado.

Tras conocer que el Departamento de Salud canario sí ha advertido de los peligros que representan para la salud humana la cercanía de estas emisiones, lo que ha provocado que el Gobierno paralice el proyecto, Patricia Luquin solicita a Celaya que explique si su Departamento ha informado de advertencias a la salud y, de no ser así, de las razones por las que no ha informado, habida cuenta de lo dispuesto sobre las afecciones a la salud humana en estos proyectos, tanto en la Ley 7/2006, de protección Ambiental de Aragón (le fue de aplicación en el trámite) o la Ley estatal 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en su artículo 7.

Además, la diputada de IU ha preguntado al consejero si considera que este tipo de instalaciones, que emiten grandes volúmenes de humo con importantes contaminantes perjudiciales para la salud, como óxidos de nitrógeno, Benzopirenos o partículas en suspensión PM 2.5, pueden ubicarse a menos distancia de un núcleo urbano que una explotación porcina.

"La situación de incertidumbre y preocupación a la que se enfrentan los vecinos de Monzón debe ser aclarada cuanto antes", ha reclamado Aso. Ha añadido que, "como hemos visto en el caso de Canarias, a pesar de que la planta está considerada como un proyecto estratégico para las islas, su Gobierno ha primado la seguridad de la gente y consideramos que el Ejecutivo aragonés debe aplicar el principio de precaución y cuanto menos alejar el proyecto del casco urbano, como primera medida".