CCOO, UGT y los trabajadores de Tragsa pedirán a los grupos parlamentarios el respaldo de las Cortes regionales

Representantes de los trabajadores de Tragsa en Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO y UGT pedirán a los grupos parlamentarios de las Cortes regionales que tramiten una Proposición no de Ley en la que adviertan que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en esta empresa "es profundamente perjudicial" para los intereses de la región y del conjunto del país, y en la que se inste al Gobierno autonómico a dirigirse al Gobierno central para reclamar la retirada de ese ERE y la apertura de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores para plantear un plan de viabilidad para el grupo con despidos cero.

Representantes de los trabajadores de Tragsa en Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO y UGT pedirán a los grupos parlamentarios de las Cortes regionales que tramiten una Proposición no de Ley en la que adviertan que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en esta empresa "es profundamente perjudicial" para los intereses de la región y del conjunto del país, y en la que se inste al Gobierno autonómico a dirigirse al Gobierno central para reclamar la retirada de ese ERE y la apertura de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores para plantear un plan de viabilidad para el grupo con despidos cero.

Así se lo han expuesto los trabajadores y los responsables regionales de CCOO-Construcción y Servicios y MCA-UGT al vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante un encuentro para recabar el apoyo del Gobierno regional ante el conflicto laboral que viven los 1.336 trabajadores incluidos en el ERE que presentó en 2013, pero que está ejecutando ahora tras ser inicialmente anulado por la Audiencia Nacional y posteriormente autorizado por el Tribunal Supremo, de los que 148 están asignados a la región.

En su reunión, los sindicalistas entregaron a Martínez Guijarro un documento en el que explican la trayectoria y la situación actual del Grupo Tragsa, integrado en la SEPI y de capital exclusivamente público, participado muy mayoritariamente por el Estado pero con participación testimonial de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha.

Según ha indicado CCOO en un comunicado, Martínez Guijarro avanzó el apoyo del Gobierno regional a la lucha de los trabajadores de Tragsa y de sus sindicatos en defensa de los puestos de trabajo.

"No debemos olvidar que el grupo Tragsa es 100% público y trabaja en exclusiva para las administraciones públicas, y que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de ser accionista, ocupa el tercer puesto en producción acumulada a noviembre de 2015 entre las 17 comunidades autónomas. Razón por la que esta comunidad autonómica no puede ser ajena a decisiones injustificadas en los términos de reducción de empleo que se están planteando y por el impacto negativo sobre los trabajos encomendados", ha explicado el secretario de Organización de Construcción y Servicios de CCOO en la región, Alejandro Jiménez.

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