La Fiscalía de Ceuta ha comunicado este miércoles al segundo grupo de la oposición en la Asamblea autonómica, la coalición Caballas, que instará al Ministerio de Educación a tramitar la escolarización de 20 niños marroquíes a los que la Administración se ha negado hasta ahora a dar entrada en colegios e institutos por no estar empadronados en la ciudad autónoma.

El Ministerio Público ha tomado esta decisión según los informes emitidos a petición suya por el Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, que ha certificado la residencia efectiva de los pequeños en territorio español.

Mohamed Ali, el portavoz de la formación localista, que el pasado mes de octubre denunció formalmente su exclusión de las aulas como "una flagrante vulneración de un derecho fundamental como es la educación obligatoria hasta los 16 años", ha mostrado en declaraciones a Europa Press su "satisfacción" por la resolución de la Fiscalía y ha lamentado los "muchos meses" que los afectados han pasado sin escolarizar "por la interpretación, que no aplicación, efectuada por el Ministerio y el Gobierno de Ceuta de dos normas de rango menor sobre empadronamiento".

Los niños han sido atendidos hasta ahora con el respaldo económico de la Fundación Educo por la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN) de Ceuta, que mantiene un programa que permite dar formación no reglada a los excluidos de lunes a viernes en horario matutino.

Su presidenta, Maribel Lorente, ha avanzado que dicho proyecto se "reestructurará" ahora para, por un lado, seguir recibiendo a los quince niños en la misma situación que se han incorporado en los últimos meses, no incluidos en la relación adjunta a la denuncia a la Fiscalía, y para dar clases vespertinas de "refuerzo" a los que sí serán escolarizados.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó hace un año una Proposición No de Ley (PNL) reclamando al Gobierno de Rajoy que procediese "de manera inmediata" a escolarizar a los menores "que, sin tener una situación administrativa regulada, están residiendo de manera continua, efectiva y demostrable en Ceuta".

El diputado de Amaiur Jon Iñarritu interpeló por el caso al Ministerio, que alegó que "el problema se plantea respecto a las solicitudes en las que no se justifica el modo de estancia, desconociéndose si los solicitantes residen en la ciudad autónoma, si simplemente pernoctan, si se encuentran en situación de tránsito o si cruzan diariamente la frontera" y concluyó que "el mejor instrumento es el certificado de empadronamiento que, por otra parte, es el documento exigido en todas las Autonomías".

La Oficina del Defensor del Pueblo también se interesó el verano pasado por la situación de esos niños, cuya exclusión de las aulas fue puesta igualmente en conocimiento del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU.