Uno de los acusados en el caso 'Golfinger', sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer en Marbella (Málaga), se ha desvinculado de las operaciones financieras realizadas, según las acusaciones, para provocar pérdidas ficticias y evadir impuestos en relación con la comercialización de una promoción inmobiliaria.

Las acusaciones sostienen que el resultado de la explotación de la promoción a instancia de la empresa By the Sea fue superior a los 53 millones de euros, unos "elevados ingresos que suponían una enorme carga fiscal, por lo que los acusados idearon un mecanismo defraudatorio que permitiera evadir el pago de impuestos, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los socios".

Para ello, dicen, se llevaron a cabo varias operaciones mediante un entramado de sociedades, algunas radicadas en paraísos fiscales, con el fin de generar "pérdidas ficticias", como fue la compraventa sucesiva y amortización de acciones de la sociedad Malibú, —propietaria de la parcela donde estaba la casa del matrimonio—; o un contrato de futuros simulado con otra entidad.

Así, este procesado, miembro de una asesoría fiscal que tenía como cliente a By the Sea y que está acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública como cooperador, ha dicho desconocer en el momento de los hechos esas operaciones de compraventa de acciones de Malibú y también el contrato de futuros y ha señalado que los datos que aparecen en las memorias anuales eran facilitados por los clientes.

Éste ha sido el último procesado en declarar ante el Tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga que juzga este caso, en el que están acusadas 18 personas, entre ellas el exalcalde Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, dos letrados del despacho que representaba los intereses del matrimonio en España, asesores fiscales y profesionales financieros.

La vista oral, que comenzó el pasado 11 de este mes de enero, continuará la próxima semana —de lunes a miércoles— con la prueba testifical. Inicialmente, se prevén en total 17 sesiones y se prolongará previsiblemente hasta el 17 de febrero. La primera semana, abogados y acusaciones presentaron sus cuestiones previas, algunas de las cuales la Sala ya ha adelantado que desestima.

Esta causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Al principio se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con Malibú y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 apartamentos, denominada Malibú, finalizada en 2005. Luego se amplió a delitos fiscales.

La fiscal sostiene, inicialmente, que los convenios suponían "un notable incremento en la edificabilidad" y pretendían "beneficiar a los dueños de ambas entidades en perjuicio del Consistorio, mediante la rebaja de los costes de adquisición de los derechos edificatorios para ejecutar una promoción en una zona privilegiada de Marbella", apuntando a que la "trama fue urdida por Roca" y otros tres acusado, abogados y asesores que "gestionaban los intereses de las entidades".

Se acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental. Julián Muñoz y seis exediles sí han declarado y se han mostrado conforme con los hechos relatados por el fiscal en cuanto a los delitos contra la ordenación del territorio; aunque el exalcalde no ha admitido el delito de fraude.

En el caso de Roca, la Fiscalía Anticorrupción lo acusa de esos dos delitos y añade cohecho, solicitando ocho años de prisión. Éste, en su declaración, ha negado haber recibido dos apartamentos por dar un trato de favor a una de las empresas investigadas y ha asegurado que los convenios venían con el visto bueno del entonces alcalde, Jesús Gil.

Asimismo, declaró que el Grupo Independiente Liberal (GIL), presidido por Jesús Gil, creó en dicha localidad "un mecanismo para exprimir" a los propietarios de terrenos en cuanto a la cesión de aprovechamientos urbanísticos recogida en los convenios que se firmaban, ya que se les exigía un 50 por ciento, algo que "no tenía soporte legal".

Por su parte, los dos letrados del despacho de abogados que representaban los intereses del matrimonio Connery en España, acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública a raíz de las operaciones financieras realizadas en torno a la explotación de la promoción inmobiliaria, y otros cinco acusados se han acogido a su derecho a no declarar.