El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de 2 de Huelva ha fallado en contra del Ayuntamiento de Cartaya en su solicitud de suspender cautelarmente la liquidación de una deuda de 12,25 millones de euros emitida por la Mancomunidad de Servicios (MAS) como resultado de la separación unilateral del servicio mancomunado, obligando al Consistorio al pago de la citada deuda, según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, MAS y su empresa pública Giahsa quedan facultadas para iniciar de inmediato el procedimiento cobratorio de esta cantidad, la mayor indemnización hasta ahora en los conflictos generados por los procesos de privatización del agua llevados a cabo en distintos ayuntamientos de la provincia de Huelva.

En el auto, el tribunal, sobre la base ya establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un auto similar sobre la liquidación de la antigua Mancomunidad de Aguas del Condado, considera que no se dan los requisitos para admitir el recurso del Ayuntamiento de Cartaya contra la indemnización, puesto que "la suspensión interesada comportaría un perjuicio potencial para el resto de municipios que integran la Mancomunidad y y para sus ciudadanos, dado que el objeto de aquella es la prestación de un servicio público de ámbito supramunicipal (gestión del ciclo integral del agua)".

El pronunciamiento judicial contempla la posibilidad de plantear recurso de apelación "en un solo efecto", lo que supone que este recurso no paraliza el procedimiento que la Mancomunidad de Servicios lleva a cabo para hacer efectivo el cobro de la cantidad liquidada, que asciende a 12.246.798,88 euros.

Más de 30

Millones de euros

Este proceso se une a los que MAS sigue contra aquellos ayuntamientos que decidieron de forma unilateral abandonar el servicio público de Giahsa y privatizarlo, como son los casos de Valverde del Camino, San Juan del Puerto, Cortegana y Gibraleón que, junto a Cartaya, acumulan unas liquidaciones que suman más de 30 millones de euros.

Junto al daño para los 65 ayuntamientos que han continuado unidos en la Mancomunidad de Servicios y para los ciudadanos de esos municipios, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo basa su decisión de denegar la suspensión en el hecho de que "no se acredita ni siquiera de forma indiciaria el efectivo riesgo irreversible que para las arcas municipales pudiera tener la ejecución del acto impugnado".

Considera así el tribunal que el Ayuntamiento no demuestra que pueda verse dañado por el pago de esta indemnización, ni siquiera mediante el informe de la Tesorería Municipal, que describe como "un escueto documento que vaga y genéricamente, si datos y operaciones contables, alude al problema financiero de la entidad apelante". A la luz de esos factores, concluyen el auto judicial, no se dan "los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar", por lo que "procede la desestimación de la misma".

El Ayuntamiento de Cartaya, gobernado por un tripartido de Independientes por Cartaya (ICAR), PP y PA, acordó su separación de MAS el 22 de agosto de 2012, aduciendo incumplimiento de los compromisos económicos por parte de Giahsa. En febrero de 2013 ocupa entregó el servicio de aguas a Aqualia y la recogida de RSU al grupo portugués Recolte y en noviembre de 2013 ambas contrataciones por vía de emergencia se convertían en licitaciones por 25 años.