La Junta incrementa hasta los 345.000 euros las ayudas para las ITE, con la intención de agotar el presupuesto

Manuel Saravia advierte de la demora en la formalización de estas inspecciones en Valladolid

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha incrementado la cuantía de la convocatoria de ayudas para la realización de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para 2016 hasta llegar a un montante total de 345.000 euros con el fin de que incremente el número de solicitudes, pues en 2015 no se ha agotado el presupuesto de 90.000 euros.

Así lo ha explicado este miércoles el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones antes de iniciar el Foro sobre la Inspección Técnica de Edificios, celebrado en la sede de la Consejería con la participación de concejales de las capitales de provincia de la Comunidad, representantes de otros municipios, del Instituto de la Construcción de la Comunidad, de los colegios de arquitectos, aparejadores técnicos, de los ingenieros y de administradores de fincas.

Suárez-Quiñones ha explicado que la Junta de Castilla y León ha decidido incrementar el presupuesto disponible en 2016 para las ayudas a la ITE, incluidas también en el Plan Estatal de Vivienda, para lo que también ha reunido las convocatorias de dos años. Así, pasará de ofrecer 90.000 euros en 2015 a 345.000 en 2016.

No obstante, el consejero ha recordado que en la convocatoria del pasado ejercicio sólo se repartieron 34.000 de los 90.000 euros disponibles, "quizá por poco conocimiento", pero en esta ocasión espera que "con la experiencia" haya "mucha más concurrencia" en la solicitud de ayudas y la Junta tenga que gastar todo el dinero disponible.

Estas ayudas, destinadas a particulares y comunidades de propietarios, colaboran aproximadamente con un 30 por ciento coste de los informes de Inspección Técnica de Edificios, hasta un máximo de 500 euros.

En la reunión celebrada este miércoles, según Suárez-Quiñones, sirve también para impulsar el desarrollo de la ITE en la Comunidad, pues ha recordado que son una "exigencia" de acuerdo con la normativa autonómica y estatal y se pondrán en común los criterios, buscar los máximos consensos entre todos los implicados. "El informe es una obra de todos en favor de una mayor calidad y seguridad de la vivienda", ha añadido.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha subrayado la importancia de estas gestiones, ya que tanto la ITE como las actuaciones que hubiera que llevar a cabo en los inmuebles para superar el informe pueden dar "actividad económica, actividad empresarial y empleo".

Asimismo, Suárez-Quiñones ha considerado que Castilla y León Comunidad ha sido un "ejemplo" para otras comunidades, pues considera que su modelo se ha "exportado" a otras regiones.

Por su parte, el director general de Vivienda, Infraestructuras y Urbanismo, Ángel Marinero, ha señalado que la implantación de las ITE en Castilla y León presenta variaciones, ya que ha considerado que algunas ciudades, como León o Valladolid, tienen el trabajo más avanzado por que se incorporaron en primer lugar en comparación con las últimas en sumarse, como San Andrés del Rabanedo (León) o Laguna de Duero (Valladolid).

Pero Marinero ha querido subrayar que se debe ver la ITE "como una ventaja, no como una obligación", y que su cumplimiento no debe ser "una carrera", sino que la Consejería prefiere que quienes la encarguen lo hagan "por convencimiento".

VALLADOLID, AL 50

Por ciento

En este sentido, el teniente de alcalde de Valladolid y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha admitido una "demora" en el proceso de las ITE en la ciudad, ya que ha señalado que de las 10.126 viviendas de más de 40 años de antigüedad que deberían haber pasado esta revisión, solo lo han hecho 4.958, lo que representa que queda un 50 por ciento por hacer.

Este "volumen" de inspecciones que se deben realizar responde, a juicio de Saravia, el retraso en el proceso, que ha cifrado en una media de tres años. Por ello también ha reclamado que se simplifique el procedimiento, y ha explicado que es "muy habitual" que los informes, aunque sean positivos, sea necesario hacer correcciones.

Asimismo, ha recordado que la inspección es obligatoria, si bien ha apuntado que las sanciones, de entre 1.000 y 10.000 euros, "se dilatan".

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