El concejal de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Públicos y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez, ha dejado claro este miércoles que el Consistorio sigue con las investigaciones para determinar lo ocurrido en "el expolio" tras el movimiento de tierras en el yacimiento arqueológico de La Orden-Seminario al objeto de que "se depuraren todas las responsabilidades".

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el concejal ha remarcado que "van a llegar hasta el final para depurar todas las responsabilidades". Precisamente por ello, el Ayuntamiento ya ha contactado con la Fiscalía al respecto.

Así, el edil ha subrayado que el Consistorio está investigando "cualquier tipo de responsabilidad que se pueda derivar" y se encuentra analizando qué ha podido pasar o no pasar en los controles ya que, según ha resaltado, el ente local va a trabajar para evitar que se produzca de nuevo cualquier tipo de expolio. En esta línea, preguntado por si esa investigación se centra en algún área concreta del Consistorio como Urbanismo o en las labores de la Policía Local, el edil ha explicado que se investiga en todos los ámbitos, siendo éstos "principales áreas" donde se puede hacer.

El portavoz ha reiterado que el Ayuntamiento ya han abierto expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística, así como también está pendiente de la valoración de los daños por parte de la Junta.

Igualmente, Manuel Gómez ha apuntado que se ha reunido con la constructora Bekinsa, propietaria de tres de las cuatro parcelas afectadas, y con Adif para abordar la cuestión, así como está pendiente una reunión con la empresa Hermanos Tellez. En cuanto a lo que Bekinsa le ha comunicado, el concejal ha dicho que la constructora les ha explicado que "tenían autorización para sacar tierra de un acopio que tenían en la zona de Media Markt", negando excavación alguna, aunque no ha querido abundar en esto al ser un aspecto de la empresa, la cual tiene derecho a plantear su defensa, según ha precisado.

No obstante, ha dejado claro que los expedientes sancionadores están en marcha y realmente, a su juicio, "poco queda por hablar" porque "los papeles son los papeles y cuando reciban los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores" éstas podrán presentar alegaciones.

De otro lado, cuestionado por las infracciones que se habrían cometido, ha recordado que, en base de la Ley de Ordenación Urbanística, se contemplan dos vías sancionadoras por una infracción por obras sin la correspondiente licencia municipal y otra por daños a un bien de interés histórico y arqueológico. Así, respecto a la posible sanción, Gómez ha precisado que, se está pendiente de la evaluación de daños de la Junta, pero que por ejecutar obras sin licencia se establece un máximo de 120.000 euros, que podrían verse aumentados por el daño arqueológico e histórico causado. De este modo, la sanción dependerá de dicha evaluación de los daños.

En consecuencia, ha remarcado que con todas estas actuaciones y documentación el Ayuntamiento va a intentar que, en la medida de los posible, se restituya el daño causado al patrimonio de la ciudad. En este sentido, y ante la extrema gravedad de los hechos, Gómez ha asegurado que "reclamaremos la máxima sanción posible que permita la ley".

Por último, ha dejado claro que una vez que la Fiscalía finalice las diligencias de investigación y comunique al Consistorio que éstas se pasan al juzgado de instrucción, "el Ayuntamiento se personará en la causa ya que como representante de los onubenses, es el principal dañado y perjudicado, por lo que llegaremos hasta el final para defender el patrimonio de todos los ciudadanos". Sin embargo, ha asegurado que, si se abre el proceso penal, tal y como marca la ley, se suspenderían los procesos administrativos.