El precio deja de ser el criterio único o fundamental en la contratación en el Ayuntamiento de Madrid y "se da paso a la igualdad, con la perspectiva de género, la accesibilidad, la seguridad y salud laboral, la formación en el lugar del trabajo, el empleo, la estabilidad del mismo", de modo que, según los dos últimos, la subrogación contractual de los trabajadores será obligatoria en los contratos de más de 300.000 euros.

El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha cifrado en 1.500 millones de euros anuales los que se regirán a partir de ahora por estas cláusulas sociales en los contratos públicos que se adjudiquen a empresas y entidades.

Desde ahora el Ayuntamiento se fijará en si las concesionarias emplean lenguaje sexista, desde el punto de vista de la igualdad. En cuanto al empleo no sólo tendrán en cuenta el salario base sino que se calculará también en función del coste de la antigüedad. La instrucción entrará en vigor desde la publicación del decreto firmado por Sánchez Mato, presentado este martes a la prensa. A final de mes se creará una comisión de seguimiento de ejecución de contratos para comprobar que se cumple lo que se firmó.