El informe, hecho público por Radio Nacional de España (RNE), forma parte del expediente que ha servido para elaborar el Plan de Gestión de la sierra de La Almenara, remitido por la citada Consejería al Consejo Económico y Social (CES) para su estudio.

El estudio técnico, firmado por el jefe del servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, analiza las alegaciones presentadas al Plan de Gestión de la ZEPA y rechaza todas las presentadas por el grupo empresarial Hispania, promotor del proyecto urbanístico, que preveía la construcción de unas 3.500 viviendas, un campo de golf y un hotel.

En texto añade que la urbanización de la finca pondría en peligro la conservación de los ejemplares de águila azor perdicera, que se alimentan y campean en esa zona, al tiempo que rechaza que se pueda modificar su actual calificación de zona de conservación agroambiental.

El informe técnico constata que la legislación impide los desarrollos urbanísticos en las denominadas zepas, y recuerda que las Directrices del Litoral establecen que "se deben preservar del proceso urbanizador".

Respecto a los planeamientos urbanísticos de los tres municipios afectados, Lorca, Mazarrón y Aguilas, considera "lógico" que el primero califique la zepa como suelo no urbanizable protegido.

Reconoce que es la clasificación que tiene la mayor parte del terreno, aunque señala que "existen ciertos desajustes en los planeamientos, que deben subsanar" los ayuntamientos.

El pasado mes de abril, un juzgado de Murcia admitió a trámite la querella presentada por el fiscal contra cinco personas, entonces altos cargos del Gobierno murciano, además de el alcalde y un ex edil de Águilas, todos del PP, por observar indicios de delito en su actuación durante el proceso de urbanización de La Zerrichera.

Según la querella los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.

Todos altos cargos del PP

Los imputados son los directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; así como la directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

En el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal José López Díaz.

Fuentes del Gobierno regional indicaron que por el momento ningún alto cargo del mismo se va a pronunciar sobre este tema.