La juez María Núñez Bolaños ha ordenado a varias entidades bancarias que le faciliten distinta información sobre cinco cuentas corrientes asociadas a empresarios y empresas de la Sierra Norte de Sevilla que están siendo investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En un auto fechado el 14 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la petición realizada a tal efecto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio del pasado 15 de diciembre de 2015.

En este oficio, los agentes señalan que, en el marco del caso ERE, donde se investigan delitos de malversación, contra la Hacienda Pública, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros, la UCO "viene desarrollando varias líneas de investigación de manera paralela, entre ellas el estudio de varias ayudas concedidas directamente a determinadas empresas, pudiéndose demostrar que las mismas se habrían concentrado de manera importante en la Sierra Norte de Sevilla".

La UCO añade que, en relación con estas diligencias policiales, con fecha 13 de julio de 2015 la juez instó a la Guardia Civil a ampliar el atestado 300/2014 en relación con las operaciones bancarias producidas en las cuentas de abono de las ayudas a Tialna, El Venero de Móstoles, La Posada del Moro, Romero Álvarez, Quesos El Real de la Jara, Dehesa Navera, Megara y Antonio Polonio Correa.

En base a ello, y toda vez que "se ha podido determinar por esta Unidad las cuentas bancarias de abono de las citadas ayudas y con objeto de investigar cual habría sido el destino real dado a las mismas", la Guardia Civil solicitó a la juez que expidiera una serie de mandamientos a entidades bancarias en relación a cuentas vinculadas a Antonio Polonio Correa, Asnadis, Romero Álvarez S.A., Megara, y Quesos y Embutidos El Real de la Jara.

En este sentido, la magistrada expide mandamientos a una serie de entidades bancarias a fin de que, "a la mayor brevedad", informe sobre fecha de apertura, titularidad y autorizados actuales o que lo hayan sido (nombre/denominación, DNI/CIF, dirección, teléfono...) en relación a cinco cuentas.

Además, la juez requiere a estas entidades bancarias para que faciliten el listado de los movimientos bancarios habidos en los periodos indicados para cada producto, una información que "deberá ser facilitada exclusivamente en archivo informático" y de manera directa a los agentes de la UCO.