El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha imputado a un interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta en el caso donde se investigan las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos.

En un auto fechado el día 11 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acepta de este modo la petición realizada por la Fiscalía de Sevilla y cita a declarar el próximo día 22 de febrero en calidad de investigado —lo que se conocía anteriormente como imputado— al interventor delegado Juan Luque, que también está imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El instructor lo cita a declarar como investigado "por su participación como interventor delegado de la Consejería de Agricultura en el pago de la subvención correspondiente a la primera certificación" de las obras —4,2 millones— "desobedeciendo por completo al procedimiento establecido y sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago".

Los agentes del Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla ya tomaron declaración como imputado por un delito de prevaricación a Juan Luque, actual interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta, ya que según los agentes habría firmado una serie de documentos "imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga efectivo el pago de la subvención en la primera certificación".

Asimismo, y en este auto consultado por Europa Press, el juez cita a declarar el día 3 de marzo a seis personas en calidad de testigos.

También a petición del Ministerio Público, el juez Juan Gutiérrez Casillas ordena que dos técnicos de la Junta que sean especialistas en regadíos y obra pública elaboren un dictamen pericial donde se analice la obra realmente ejecutada, la obra certificada y la obra realmente pagada, y donde también hagan una comparación de los diferentes proyectos.

De igual modo, designa a dos peritos de la Agencia Tributaria para que emitan un informe sobre "el análisis de las facturas, certificaciones y pagos/cobros correspondientes a las mismas", de modo que "los técnicos que se designen por la Agencia Tributaria puedan colaborar no solo directamente con este Juzgado, sino también con el equipo de la Guardia Civil encargado de la investigación".

Asimismo, requiere a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir para que, en un plazo de 20 días, aporte una copia de la escritura pública de constitución, su libro de actas y de las sesiones de la Mesa de Contratación donde se acordó la adjudicación de las obras.

También interesa que la Comunidad de Regantes entregue el original de las certificaciones de obra, justificantes de abono de las distintas certificaciones, y facturas presentadas para proceder al pago de las certificaciones.

"complejidad" de la causa

Además, el juez instructor acuerda librar oficio a la Guardia Civil para que identifique a las personas que, a lo largo del desarrollo de la obra, compusieron el comité de Gerencia de la UTE.

También pide a la Guardia Civil que informe sobre las certificaciones registrales correspondientes a las UTE Befesa-Alpi y Construcción, así como de las empresas integrantes de cada una de ellas, acordando la declaración como investigados de aquellas personas físicas que, a la fecha de los hechos y según se desprenda de las correspondientes certificaciones registrales, hubieren ocupado el cargo de administrador de las citada UTE y empresas.

En esta causa, cabe recordarlo, hay 21 personas encausadas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta.

Según el juez, fue el 13 de octubre de 2004 cuando el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6 millones, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento del total.