Un total de 34.228 inquilinos mantienen alguna deuda en concepto de renta por el pago del alquiler de las viviendas del parque público que gestiona la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), perteneciente a la Junta de Andalucía.

En la respuesta a una pregunta escrita formulada en el Parlamento andaluz, a la que tuvo acceso Europa Press, la Junta ha explicado que la AVRA ha puesto en marcha distintas medidas "para aliviar la carga económica que supone el uso de la vivienda pública en régimen de alquiler —renta, deuda contraída, pago de comunidad, gastos residenciales— a aquellos inquilinos que acrediten dificultades de pago y que, por lo tanto, requieran de una intervención social.

Según dicha respuesta, firmada por el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, esas medidas de ayuda son "la minoración de renta; el aplazamiento de la repercusión de conceptos como impuestos y tasas; o el aplazamiento de compromisos de abono de deuda".

En dicha respuesta escrita, formulada tras una pregunta del Grupo Popular, la Junta ha explicado que, por otro lado, y para asegurar el cobro de alquileres a aquellos inquilinos que, por sus actuales circunstancias, si pueden hacer frente al pago de las rentas, esta agencia "les reclama, mediante los oportunos requerimientos, el abono de las mismas y los correspondientes compromisos de abono de rentas pendientes, girando con el recibo mensual corriente, un recibo atrasado".

Ha apuntado que ello "ha propiciado que durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 no se haya resuelto ningún desahucio administrativo por la causa indicada de impago de rentas".

Programa de defensa de la vivienda

Por otro lado, la Consejería ha indicado, en otra respuesta escrita a otra pregunta formulada por el Grupo Popular en el Parlamento andaluz, relativa al Programa en Defensa de la Vivienda, que, desde 2012 hasta finales de junio de 2015, en las Oficinas de Defensa del Derecho a la Vivienda se han atendido 18.689 visitas.

La Junta precisa que del total de casos atendidos, el 13 por ciento ha recibido servicios de prevención, el 76 por ciento de intermediación y el 11 por ciento de protección.

De las familias que han recibido servicios de intermediación, 3.258 se han acogido a un protocolo de atención temprana y 4.310 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario.

La Junta ha explicado que las personas que demandan el servicio de protección "normalmente solicitan estos servicios cuando tienen ya una fecha de desalojo, en cuyos casos la Consejería de Fomento y Vivienda emplea todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos andaluces".