Vecinos de las viviendas Protegidas de Jaén han considerado "positiva" la reunión mantenida este miércoles entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para abordar la situación de estos inmuebles, aunque demandan "hechos cuanto antes" que permitan solucionar "las malas condiciones" que presentan muchos de ellos.

Así lo ha indicado este jueves a Europa Press el presidente del grupo de viviendas '1060-José Antonio', Juan José de la Torre, después del encuentro en el que se acordó impulsar reuniones técnicas para delimitar las actuaciones que se pueden ejecutar o no en unos edificios inscritos en 2006 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la oposición de sus propietarios e inquilinos.

"Parece que hay buena voluntad y talante negociador, aunque, como dijo el propio alcalde —Javier Márquez— hay que jugar a tres bandas, contando también con la Consejería de Fomento y Vivienda", ha comentado no sin "agradecer la intermediación y ayuda" del regidor.

De la Torre ha incidido en la necesidad de "desbloquear" las ayudas para rehabilitar los inmuebles y ha recordado que existe un bloque que no pasó la inspección técnica de edificios (ITE) con recomendación incluso de desalojo. Por eso, esperan que el Gobierno andaluz cumpla sus compromisos con respecto a las subvenciones.

"Hay talente negociador, pero ya pedimos hechos porque llevamos diez años entre buenas voluntades. Hace falta que Fomento y Vivienda se eche para adelante", ha manifestado el presidente del grupo, quien ha aclarado que seguirán "en la lucha" y no descartan nuevas movilizaciones "hasta contar con una solución".

Las últimas concentraciones tuvieron lugar en diciembre, poco después de que el Tribunal Supremo cerrara definitivamente la vía judicial para los vecinos que recurrieron en 2014 ante este órgano la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la inclusión de Las Protegidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Histórico-Artístico en virtud de una resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta, de 2006.

Una vez cerrada esta vía, según anunciaron, recurrirán a la vía contencioso administrativa para reclamar el cumplimiento de la orden dictada por la Consejería de Vivienda en 2009 para destinar 24 millones de euros a la rehabilitación integral de estos inmuebles. De hecho, en octubre interpusieron el primer recurso en la Junta pidiendo el cumplimiento del contenido de la orden en la que se anunciaba la rehabilitación integral como primer paso a abordar la vía de lo contencioso administrativa.