Anticorrupción pide 4,5 años de cárcel para Rato y 6 para Blesa por el caso de las 'tarjetas black'

  • El ministerio público también pide que Rodrigo Rato aporte una indemnización de 2,7 millones de euros que en el caso de Miguel Blesa asciende a 9,3 millones.
  • La Fiscalía Anticorrupción acusa a un total 66 consejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid de un delito de apropiación indebida.
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, expresidentes de Caja Madrid y Bankia.
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, expresidentes de Caja Madrid y Bankia.
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Les acusa de un delito de apropiación indebida. Pero no solo a ellos. También a otros 64 exdirectivos. Anticorrupción pide 4 años de prisión y una multa de 81 euros a Ricardo Romero de Tejeda, expresidente del PP de Madrid, al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y a José Antonio Morál Santín, de Izquierda Unida. Para al exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno reclama 2 años de prisión y un multa de 63 mil euros..

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, así como cuatro años y seis meses para el también expresidente de la entidad Rodrigo Rato por la emisión de las llamadas tarjetas 'black'.

En su escrito de acusación, remitido hoy a la Audiencia Nacional, Anticorrupción además acusa a los otros 64 usuarios de las tarjetas por un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre cuatro y un año de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.

Con respecto a los expresidentes de la entidad, la Fiscalía pide además de las penas de prisión, una indemnización de 9,3 millones de euros para Miguel Blesa y otra de 2,6 millones a Rodrigo Rato, correspondientes a las cantidades utilizadas por los usuarios de las tarjetas en el periodo en que cada uno de ellos presidió la entidad.

Esta acusación llega después de que el 23 de diciembre del pasado año el juez instructor del caso Fernando Andreu diese por concluida la fase de investigación y dejase la puerta abierta al juicio oral al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por parte de los 66 usuarios de las tarjetas.

Andreu estimaba así "indicios fundados de criminalidad", ya que éstas "no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales".

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