El drama sirio y los conflictos en Yemen y Libia oscurecen el recuerdo de la primavera árabe

  • Se cumplen cinco años de las revueltas que acabaron con el dictador tunecino Zine el Abidin Ben Alí, exiliado hoy en Arabia Saudí.
  • El último año ha sido especialmente duro para Túnez, golpeado por una crisis económica y el yihadismo, pero sus vecinos están peor.
  • En muchos países la revolución de 2011 quedó enterrada hace tiempo.
  • Arabia Saudí e Irán: más de tres décadas de rivalidad geopolítica.
Un hombre recibe tratamiento médico tras resultar herido durante los bombardeos del gobierno en el principal bastión rebelde en Duma (Siria).
Un hombre recibe tratamiento médico tras resultar herido durante los bombardeos del gobierno en el principal bastión rebelde en Duma (Siria).
EFE/Mohammed Badra

Una estatua en honor de Mohamed Bouazizi, el vendedor de fruta que se prendió fuego en 2010, recuerda en la localidad de Sidi Bouzid (Túnez) el inicio de las revoluciones de la denominada "primavera árabe". Una euforia que se contagió rápidamente a Egipto, Yemen, Libia y otros países, pero de la que queda poco.

Cinco años después, el infierno sirio, el conflicto en Yemen o las complicadas situaciones en Libia o Egipto han ensombrecido aquello. También el protagonismo del extremismo islamista, con Estado Islámico como actor principal. Los cambios políticos, a pesar de algunos avances concretos, no han llegado; tampoco en el respeto a los derechos humanos, según denuncian las principales organizaciones.

Así respira la zona que un día pudo pensar en un futuro mejor:

Se han cumplido cinco años exactos desde que el dictador Zine el Abidin Ben Alí, exiliado en Arabia Saudí, fue derrocado tras la revolución del Jazmín.

El país vive un momento de gran tensión con un último año especialmente duro debido, sobre todo, al estancamiento económico y el fuerte paro y a la violencia yihadista, que ha causado 72 muertos, 60 de ellos extranjeros. Sidi Bouzid, la ciudad de Bouazizi, es calificada de "bastión del contrabando y del terrorismo" por algunos y la zona fronteriza con Argelia se ha convertido en centro de reclutamiento y congregación de yihadistas provenientes de todo el Sahel.

Túnez fue el primer país de la primavera árabe en celebrar elecciones a una asamblea constituyente, de ahí que su caso fuera considerado como uno de los pocos y relativos éxitos tras las revueltas. Se pusieron en marcha las primeras instituciones democráticas y se aprobó una nueva Constitución provisional. Además, el Cuarteto de Diálogo Nacional constituido en 2013 recibió el Nobel de la Paz por sus logros. Y a pesar de esto, la fractura política es una realidad.

Los islamistas han pasado de uno a tres ministros en el Gobierno y ya son 37 los diputados del partido laico y mayoritario Nidá Tunis —liderados por Mohsen Marzouk—, que encumbró al hijo del exdictador, los que han dado la espalda a su formación en protesta por sus alianzas "con el poder económico y con miembros del antiguo régimen". An Nahda, partido islamista, controla la Cámara.

Asimismo, la clase política y los movimientos sociales se alejan. Aquellos que participaron en la revolución de 2011 no aprecian cambios en la marcha del país. Amnistía Internacional señala que se han dado algunos pasos, pero cree necesarias reformas urgentes para evitar volver a la "represión" de años pasados —ha habido poca "rendición de cuentas"—. La situación es "frágil", apuntan.

Con motivo del aniversario, el presidente Beyi Caid Essebsi ha amnistiado a 1.609 presos. "El proceso revolucionario está en camino y quizás esta revolución continúe en los próximos años", ha dicho Lazar Garbi, secretario general adjunto del sindicato UGTT, miembro del Cuarterto junto a la patronal UTICA, la Asociación de Abogados y la Liga de Derechos Humanos.

El dictador Muamar el Gadafi cayó en 2011. Durante estos años el país ha vivido dividido e inmerso en un permanente conflicto. El jefe del Gobierno con sede en Trípoli, Jalifa al Gauil, ha llegado a decir que la guerra se ha instalado como "factor de vida" en el país, como ocurre en Irak, Somalia, Siria y Líbano.

Su disputa por el poder con el gobierno reconocido internacionalmente con sede en Tobruk ha sumido a Libia en el caos. Después de un intento fallido por parte de Naciones Unidas —con la polémica intervención de Bernardino León— por nombrar un Gobierno de unidad nacional, finalmente el pasado diciembre llegó el acuerdo, firmado en Marruecos.

Se decidió que el país tendría un presidente, dos vicepresidente y un consejo de ministros de seis miembros; y que habrá elecciones este año. El Consejo de Seguridad ha avalado el acuerdo, aunque su aplicación no será fácil: el recién nombrado primer ministro, Mohamad Fayez al Serraj, fue retenido unas horas en la ciudad de Zlintan este mismo mes de enero .

Había ido a visitar a las familias de las víctimas de un atentado suicida cometido por la rama libia de la organización yihadista Estado Islámico, que buscan el control de puertos petroleros como Ras Lanuf y Sidra y que han intensificado su ofensiva. Pero finalmente pudo volver a Túnez, donde tiene su sede el nuevo Ejecutivo.

Los yihadistas están avanzando poco a poco y desde hace meses controlan una de las ciudades más importantes, Sirte. Asimismo, se han establecido en la localidad de Derna, fronteriza con Egipto, han penetrado en barrios de la ciudad de Bengasi, la segunda en importancia del país y han penetrado en la ciudad de Sabratha, a medio camino entre la capital y la frontera con Túnez.

El país camina despacio. Las primeras elecciones democráticas tras la revuelta en 2011 —el 25 de enero se celebra el aniversario— dieron lugar a una Cámara legislativa dominada por los Hermanos Musulmanes, que después se hicieron con la presidencia del país.

Mohamed Morsi fue el primer presidente elegido democráticamente tras el derrocamiento de Hosni Mubarak, pero duró poco, concretamente hasta julio de 2013, cuando el Ejército dio un golpe de Estado y suspendió la Constitución. Los militares declararon terroristas a los Hermanos Musulmanes y Morsi que, junto a varias personas más, fue en 2015 condenado a la pena de muerte.

Tras el golpe, el general Abdul Fattah al-Sisi, que tiene a los islamistas en su punto de mira, ganó unas elecciones en 2014. Esta misma semana, se ha elegido el primer Parlamento desde el golpe y los diputados tienen ahora que debatir las leyes que fueron aprobadas por las autoridades en ausencia del Parlamento, que fue disuelto por el Tribunal Constitucional en junio de 2012.

Para Amnistía Internacional, son preocupantes las últimas leyes antiterroristas y antiprotestas aprobadas en el país, así como los ataques a las fuerzas de seguridad, sobre todo en el norte del Sinaí. El pasado mes de octubre un avión ruso cayó derribado en esa zona y EI se atribuyó el ataque.

Egipo sufre además una crisis económica y ha recibido ayudas millonarias —unos 11.000 millones de dólares— del Banco Mundial y de Arabia Saudí. Desde 2010, según datos de Exceltur, Egipto y Túnez han perdido 7,4 millones de turistas.

Hace justo un año el presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, presentó su dimisión poco después de que se conociera la renuncia del primer ministro, Jaled Bahah. Dijo que el país estaba en un "callejón sin salida". Llegó al cargo en 2012 tras la renuncia de su antecesor, Ali Abdalá Saleh, después de las protestas de 2011.

Los enfrentamientos entre el Ejército y los combatientes del movimiento chií de los hutíes se ha recrudecido y en marzo de 2014 una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí comenzó a bombardear varias zonas del país. Saada, en el norte del Yemen, está controlada por los hutíes desde 2010; en 2015 llegaron a Sanaa, la capital.

Este 5 de enero la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos Humanos en Ginebra aseguró que 2.759 personas han muerto y otras 5.324 han resultado heridas desde que comenzó la ofensiva. Las conversaciones de paz se han vuelto a posponer; a final de 2015, el expresidente Saleh, aliado de los hutíes, pidió diálogo directo con Arabia Saudí. Si no, dijo, habría guerra.

Estado Islámico ha reivindicado varios atentados en el país, como el asesinato el pasado mes de diciembre del gobernador de la provincia de Aden (Yemen), Yafar Mohamed Saad, y cinco de sus guardaespaldas.

La situación siria es la más grave. Naciones Unidas mantiene la fecha del 25 de enero como la de inicio de las conversaciones para el proceso de paz, según estableció el Consejo de Seguridad en diciembre, que fijó un plazo de seis meses para que las dos partes establezcan un gobierno de transición en Siria y de 18 meses para la celebración de elecciones.

Los rebeldes no las tienen todas consigo y condicionan las conversaciones a que haya avances humanitarios. En caso de que la reunión tenga lugar será la primera vez en dos años que un diálogo se concreta. La guerra civil, en la que toman parte multitud de milicias, desde las laicas hasta las islamistas de EI y el Frente al Nusra -filial de Al Qaeda-, dura ya cinco años.

El conflicto sirio ha causado la muerte de más de 250.000 personas y ha desplazado a 13,5 millones en el interior del país, de las cuales 4,5 millones residen en zonas a las que es muy difícil acceder y, de ellas, 400.000 sobreviven sitiadas. En los últimos días la hambruna de algunas localidades como Madaya ha saltado a los medios. Otros 4,7 millones de sirios viven como refugiados en naciones vecinas (Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía) y en países europeos como Alemania y Suecia.

La guerra comenzó tras la brutal represión de las protestas en marzo de 2011 contra el Gobierno de Bachar Al Asad. Desde junio de 2014, cuando autoproclamó un califato, hasta finales de 2015, Estado Islámico ha asesinado a 3.591 personas en las zonas que controla en Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En las últimas semanas, los bombardeos de la coalición y de Rusia en territorio sirio contra Estado Islámico han tensado más la cuerda por la muerte de más civiles.

En Baréin, denuncia Amnistía Internacional, continúa la represión de disidentes con detenciones y juicios irregulares, "tortura" y el "uso excesivo de la fuerza" por parte del Estado. La oposición, de mayoría chií, fue la que se levantó —respaldada por Irán—, en el año 2011 en la denominada "revolución de la Perla", aplacada por el Gobierno suní —apoyado por Arabia Saudí—.

Arabia Saudí anunció a principios de este año la ejecución de "47 terroristas", entre ellos el clérigo chií Nimr al Nimr, considerado uno de los líderes de las revueltas de 2011 y 2012 en el reino árabe. Recibida en Irán como una provocación, esta decisión ha desatado de nuevo las tensiones entre chiíes y suníes en todo Oriente Medio, evidenciadas hace cinco años.

Las autoridades saudíes cerraron 2015 con una cifra de 157 ejecutados, muy superior a las 90 efectuadas en 2014. Con el nuevo rey saudí al frente, Salman bin Abdulaziz, el país no pasa tampoco por su mejor momento económico por el paro, la caída del precio del petróleo y un déficit presupuestario cercano a los 80.000 millones de dólares. Mientras tanto, acaba de celebrar los primeros comicios municipales con la participación de mujeres como candidatas y electoras.

Pocos meses después de las protestas del 20 de febrero, los marroquíes volvían a salir a la calle para exigir al rey Mohamed VI una reducción de sus poderes y una lucha más contundente contra la corrupción. El rey abrió la mano, hubo una nueva Constitución y elecciones, de las que salió un gobierno presidido por el islamista Abdelilah Benkirán.

Este año las habrá otra vez, aunque los islamistas moderados los islamistas moderados afianzaron su poder en las municipales del pasado mes de septiembre. Al mismo tiempo que organizaciones de derechos humanos siguen señalando al rey por su mano dura, Marruecos se afana por intentar frenar el auge del islamismo radical y el yihadismo.

El rey Abdalá II de Jordania afronta a día de hoy dos desafíos importantes. El primero, la lucha contra el terrorismo yihadista, para lo que no ha dudado en sumarse a su aliado Estados Unidos. El segundo, los refugiados: acoge a más de 600.000 sirios. No se libra de las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional por las ejecuciones, los límites a la libertad de expresión y el poder del monarca.

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