El Gobierno de Aragón ha dado un plazo de un mes para que las 45 residencias que no tienen licencia municipal o incumplen los requisitos requeridos a estos centros regularicen su situación y subsanar estas deficiencias. Si pasado este tiempo no lo han hecho, deberán proceder al cierre.

Así se recoge la Orden de regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales —residencias para personas mayores—, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Esta orden surge del plan de inspección de residencias que puso en marcha el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el pasado mes de julio, que llevó a la clausura de seis centros que optaron por cerrar sus puertas al no poder cumplir con los requisitos exigidos desde la Comunidad autónoma.

Las conclusiones de este plan señalaron que en Aragón hay 230 residencias autorizadas y un grupo de 45 que no cumplen con todos los requisitos. En concreto, 28 de estas últimas no cuentan con licencia de apertura, que deben otorgarla los ayuntamientos, pero que sí cumplen los requisitos en materia de servicios sociales.

Además, cinco centros no tienen licencia, ni pasaron la inspección de la Comunidad autónoma y otras 12 tienen licencia, pero que no cumplen las condiciones requeridas.

El Gobierno de Aragón ha dictado la citada orden para que estos centros puedan subsanar sus carencias en el plazo de un mes, para lo que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que se concentra el mayor número de casos, para agilizar la concesión de licencias de apertura a aquellos centros que no las tengan.

Medida excepcional

El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, ha señalado que se trata de una medida "excepcional" y que el objetivo de la misma es garantizar la seguridad y las buenas condiciones de estos centros.

En la orden, se especifica que los titulares de los centros a los que es de aplicación esta norma deberán presentar "un plan operativo de adecuación", según las condiciones establecidas en el Decreto 111/1992, "que contemple la subsanación de las deficiencias señaladas en la inspección de centros y servicios sociales", algo que tendrán que hacer en el plazo de un mes.

El incumplimiento del plan operativo, la falta de justificación de su ejecución o la ausencia del citado plan motivará el cierre preventivo de los centros, han recalcado desde el Gobierno de Aragón.