El Gobierno de Cantabria ha trasladado al Parlamento su "criterio contrario" a la toma en consideración de la proposición de ley registrada por el PP con el fin de modificar la Ley del Suelo para regular el derecho de realojo y solucionar de esta forma la problemática del barrio de El Pilón, en Santander.

En la justificación de su disconformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno argumenta que el Ayuntamiento de Santander tiene "medios urbanísticos y de mediación suficientes" para desarrollar lo contenido en los propios estatutos y bases del área del Pilón, y en todo caso, le asiste "la posibilidad de modificar su planeamiento y la de suspender los procedimientos de ejecución urbanística".

Según la plataforma de afectados, el desarrollo del Área Específica 3B del PGOU de Santander, en el que se plantea la construcción de 140 viviendas y 200 garajes por parte de una promotora privada, supondrá que 42 familias serán expropiadas. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Santander aseguran que afecta a los propietarios de 29 viviendas, algunas de las cuales no se encuentran habitadas, y de cuatro locales.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, del PP, sostiene que "es la Ley Autonómica del Suelo la que puede y debe garantizar una regulación del derecho de realojo de los vecinos bajo un marco de seguridad jurídica y justicia social".

El PP en el Parlamento argumenta que con esta proposición de ley, pretende "cubrir la laguna existente" en la normativa autonómica respecto al derecho de realojo, "en un momento en el que, además, urge dar solución, sin demora, a este problema, debido al proceso abierto de revisión del planeamiento urbanístico de nuestros municipios, y a la inminente puesta en marcha de los primeros desarrollos, en ejecución de estos instrumentos, que muchas veces obligan a actuar sobre los tejidos urbanos o suelos consolidados por la edificación".

El gobierno no ve urgencia

Sin embargo, el Gobierno PRC-PSOE considera que "no existe ninguna urgencia" para legislar en relación con los realojos, ya que "no existe ninguna inminente puesta en marcha de ejecución de instrumentos urbanísticos de desarrollo de planeamientos urbanísticos que vayan a incidir en esta problemática, ni a corto ni a medio plazo, excepción hecha de lo que acontece en el Barrio del Pilón".

Y añade que los problemas que puedan surgir por cualquier tipo de actuación urbanística se resolverán "con carácter general, y para todos", con una normativa que se incluirá en la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El Gobierno asegura que tiene "muy avanzado" un borrador de la que será "una nueva y completa legislación" de la Ordenación del Territorio y del Urbanismo de Cantabria, con el objeto de "poner punto final al proceso de modificaciones parciales y a la carta que ha venido aconteciendo año tras año desde que viera la luz el texto originario en el año 2001.

Proceso de modificaciones de la Ley del Suelo "cuyo resultado negativo -añade la coalición PRC-PSOE- hemos venido comprobando con sentencias anulatorias de muchos de estos preceptos introducidos, que pretendían con soluciones "mágicas" acabar o resolver problemas creados por una mala, por no decir, ilegal gobernabilidad", afirma el Gobierno en clara alusión a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la figura de las autorizaciones provisionales introducida en la Ley del Suelo a través de una de las reformas impulsadas por el PP en la anterior legislatura.

En todo caso, el Gobierno asegura que considera "muy valiosa" la aportación del PP, que junto con otras que quieran aportar todos los grupos parlamentarios en lo que al proceso de elaboración de la nueva legislación urbanística se refiere, serán "indudablemente tenidas en cuenta" en ese cuerpo legislativo "completo, sistemático y uniforme con el que pretendemos regular la Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria", añade el Ejecutivo.

Proposición de ley del pp

En su proposición de ley, el PP plantea una regulación del derecho de realojo basada en "dos principios básicos, cuya atención entiende ineludible: la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas; y la universalización de ese derecho, mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos".

A tal fin, la propuesta trata de extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, y se atribuye el mismo contenido material al deber de realojo, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa, como a través de cualquier otro sistema de ejecución del planeamiento, previsto en nuestra legislación autonómica.

La reforma propuesta incorpora la posibilidad de que los titulares del derecho de realojo que ocupasen sus viviendas originarias en virtud de un título de propiedad u otro derecho real, puedan, en función de sus ingresos, llegar a optar a una vivienda de sustitución a un precio equivalente al justiprecio o indemnización a percibir, sin tener que realizar, así, un esfuerzo económico suplementario.

Asimismo, la regulación propuesta faculta a las partes afectadas por la actuación urbanística a llegar a posibles soluciones alternativas, por vía convencional, con el fin de dotar al sistema de la mayor flexibilidad posible.

Con el fin de evitar el desarraigo de las personas afectadas por la acción urbanística, se impone como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria, siendo preferente, en todo caso, que la vivienda de sustitución se ubique en el mismo ámbito de la actuación, a menos que no sea posible en razón de los usos previstos o por otras causas debidamente justificadas.

Otra de las previsiones que el PP introduce en su propuesta es la exigencia de que las viviendas de sustitución reúnan condiciones adecuadas a las necesidades, no solo del titular del derecho de realojo, sino también de cuantos integran su unidad familiar o de convivencia, a fin de que cualquier situación de discapacidad, problema de movilidad o adaptación que pudieran padecer alguno de sus miembros, sean a su vez atendidas.

Se incorporan, además, las correspondientes garantías procedimentales, de forma que el derecho de realojo deba ser contemplado, desde un inicio, en el curso de la tramitación de los respectivos instrumentos de gestión urbanística, que da lugar a su nacimiento.

A través de dicho procedimiento, se determina el momento concreto en el que la vivienda de sustitución debe ser puesta a disposición de los afectados y se fija un régimen supletorio de realojo provisional, al objeto de reforzar la satisfacción del derecho en todos sus extremos.

De esta forma, no se podrían ocupar las viviendas de los afectados que tengan reconocido el derecho de realojo en tanto que no se haya procedido a la entrega de la vivienda de realojo provisional o definitivo, o no se haya producido la renuncia efectiva al derecho reconocido. Finalmente, la regulación cuya aprobación se propone se completa con medidas fiscales de apoyo al realojo.