El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Servicios Sociales, una norma pionera en España que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, este proyecto normativo introduce como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que podrán ser exigibles por la ciudadanía, la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

La consejera ha explicado que este proyecto de ley supone un "avance muy importante" como garantía de derecho, así como que "inicia un camino importante en la consolidación del sistema público de derechos sociales, fundamental como cuarto pilar del estado del bienestar".

Sánchez Rubio ha indicado que establece una garantía en el acceso al servicio y en la protección de las personas que tienen especiales dificultades y se trata de una norma "centrada en las personas" y que tiene carácter de "universalidad, de equidad y, por tanto, de justicia".

"Es una ley necesaria", ha defendido la consejera para indicar que "supone un salto cualitativo del que se beneficiarán todas las personas que viven en nuestro territorio", a la par que ha indicado que los extranjeros que no tienen legalizada su residencia en Andalucía tienen acceso a estas prestaciones "en las mismas condiciones" que a las coberturas del sistema sanitario.

Ha indicado que se ampara en el Estatuto de Autonomía que "es la normativa básica que nos permite legislar una ley con carácter de derecho y de exigencia también en los tribunales" que va a situar a Andalucía "a la cabeza" puesto que propone un sistema público de servicios sociales similar al sistema público de salud.

El texto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, ha contado con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.

La futura ley sustituirá a la vigente desde 1988, e introduce los nuevos derechos tales como que la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

El proyecto de ley tiene una memoria económica de 1.725 millones de euros para el 2016, mientras que los ayuntamientos contarán con un crédito de 550 millones que les transferirá la Junta, ya que desarrollarán gran parte de los servicios que contempla la ley.

Sánchez Rubio ha indicado que la norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.

Así las cosas, ha dicho confiar que este texto se "enriquezca" durante el trámite parlamentario y logre el máximo consenso posible con los demás grupos de la Cámara.

Prestaciones garantizadas y condicionadas

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.

Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, la comunidad autónoma concentra el 23,61 por ciento de todas estas prestaciones en el conjunto de España y el 22,77 por ciento de las personas beneficiarias.

Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras prestaciones condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.

Herramientas digitales

Otra novedad que ha destacado la consejera es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, "permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada".

Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales, las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.

La titular del ramo ha incidido en que la futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.

Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, "especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales", e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.

Renta básica, A

Nivel estatal

Así las cosas, la consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales ha manifestado que el proyecto contempla un modelo similar a la renta básica, una prestación en situación de necesidad prioritaria para tener unas garantías de ingreso, pero "independientemente de que se trabaje sobre la renta básica, ésta tiene que tener también un desarrollo a nivel estatal".

De esta manera, ha indicado que aunque el Gobierno andaluz vaya a trabajar sobre la renta básica, "sería muy importante que al margen de lo que hagamos en materia de renta básica las comunidades, hubiera una legislación nacional para dar cobertura situaciones que se producen por pérdida de ingresos vinculada al trabajo".