La Sección Octava de la Audiencia de Málaga continuará este martes el juicio por el caso 'Goldfinger', que versa sobre la operación urbanística y financiera relacionada con la parcela en la localidad malagueña de Marbella en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, a los que no se juzga. Así, está previsto que los abogados defensores sigan planteando las cuestiones previas.

La vista oral comenzó este pasado lunes y en la primera sesión el exalcalde marbellí Julián Muñoz y seis exediles asumieron los hechos por los que se les acusa en relación con delitos contra la ordenación del territorio en este caso. El resto de procesados, entre los que está el cerebro de la trama de corrupción marbellí del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, no han mostrado su conformidad.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. El exregidor dijo que "no sólo me conformo, sino que como ya he manifestado en otras ocasiones me arrepiento de los hechos cometidos", volviendo a pedir perdón. También ha solicitado que se le exima de acudir a todas las sesiones por su estado de salud, aunque la fiscal quiere interrogarle.

En el caso de Muñoz, la pena por el delito contra la ordenación del territorio sería de un año de prisión. En cuanto a la pena por fraude, su letrado, Javier Saavedra, ha señalado que aunque se acepta los hechos, en su momento se pedirá a las acusaciones una rebaja de lo solicitado inicialmente, por lo que no se ha concretado hasta ahora.

Su abogado ha dicho que "no se puede tener juicios permanentemente desde 2006 y estamos en 2016 cada 15 o 20 días", porque "no hay nadie que ni humana ni psicológicamente pueda soportarlo". Saavedra ha aludido a las condiciones físicas de Muñoz, que ha acudido al juicio con muletas, y las ha calificado de "lamentables", con "un mayor deterioro cada día".

Por su parte, los exconcejales Alberto García, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Rafael González, Marisa Alcalá y Javier Lendínez, todos acusados por delito contra la ordenación del territorio; también se han conformado con los hechos y según las penas acordadas en su día para este tipo delictivo, que serían de nueve meses de prisión para los tres primeros, de 12 meses para los dos siguientes y de 15 meses para el último.

En cuanto a Roca, para el que el ministerio público solicita ocho años de prisión por los dos delitos contra la ordenación del territorio, uno de fraude y cohecho, su abogada ha pedido en el trámite de cuestiones previas la restauración de sus derechos a la libertad y a un juicio justo, incidiendo en que este caso se debió unir al procedimiento 'Malaya'.

Ha señalado que Roca cumple el próximo mes de marzo 10 años de prisión en los que se le ha denegado permisos al oponerse la Fiscalía Anticorrupción, por tener causas pendientes, "que ella misma ha ido creando sistemáticamente". Ha recordado que el fiscal presentó varias querellas que se dividieron en múltiples casos y "recientemente hay 102 nuevos procedimientos por hechos entre 2002 y 2006".

Respecto, a 'Goldfinger' ha dicho que los hechos que se ven en este procedimiento es "la tercera vez que se ponen en la lupa de un juez", de forma que las dos anteriores no siguieron para adelante, mientras que en esta ocasión sí porque "no se quiso investigar".

Las defensas han planteado en sus cuestiones previas varias nulidades por vulneración de derechos y el abogado del Estado ha instado a la suspensión, tras haberse presentado el pasado 5 de enero por parte de una de las defensas un informe pericial.

La causa

Este procedimiento se acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental. Además de a Muñoz, Roca y los seis exediles, se juzga a dos abogados de un despacho, que habrían representado los intereses económicos del matrimonio Connery en Marbella, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros.

La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe emitido por el Tribunal de Cuentas. Inicialmente, se investigaron los convenios de recalificación del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. —propietaria del chalé de los Connery— y By the Sea —que tenía las fincas colindantes a la anterior—, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú, cuya construcción finalizó en 2005.

Posteriormente, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción para la venta de los apartamentos a través de un entramado societario, en las que supuestamente habrían intervenido abogados del despacho marbellí acusados y que representaron los intereses económicos del matrimonio en Marbella.

En esta causa, el fiscal indica en su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, que en comisiones de gobierno del Ayuntamiento en 2002 se acordaron conceder licencias de obras al proyecto presentado por By The Sea para la construcción de 72 viviendas y garajes. Los entonces concejales acusados concedieron estas autorizaciones "con plena conciencia de su ilegalidad".

El fin era, según el escrito de conclusiones iniciales de la acusación pública, "favorecer económicamente a la entidad promotora", siendo Roca el que "diseñó toda la operación para obtener un enriquecimiento económico propio y de terceros" junto con los abogados y los asesores acusados.

La nueva configuración urbanística de los terrenos suponía "un notable incremento en la edificabilidad" y debido a las "deficiencias en la determinación de los excesos de aprovechamiento y por aplicación de precios no ajustados a los de mercado", el perjuicio para las arcas municipales fue de 2,7 millones de euros.

El fiscal sostiene que "la contrapartida concertada" por Roca con los asesores acusados se concretó en la reserva de dos apartamentos del conjunto Malibú, aunque la detención de éste por la operación 'Malaya' "truncó la disponibilidad" de los pisos. Asimismo, acusa a los representantes de las sociedades acusados de idear "un mecanismo defraudatorio que permitiera evadir el pago de impuestos —como la declaración de pérdidas ficticia—, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los socios".