La juez Núñez retoma este martes el caso ERE con las declaraciones de dos imputados y un perito

La juez María Núñez Bolaños retomará este martes el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía con la declaración de dos imputados en la causa y de un perito que ha realizado un dictamen sobre el patrimonio del extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2012.

La juez María Núñez Bolaños retomará este martes el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía con la declaración de dos imputados en la causa y de un perito que ha realizado un dictamen sobre el patrimonio del extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2012.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, la magistrada ha citado a declarar este martes a la ex asesora de Empleo María José Rofa, todo ello después de que la Fiscalía, en un escrito, interesara que se le ofreciera la posibilidad de prestar de nuevo declaración como imputada "a la luz de la nueva redacción del artículo 434 del Código Penal, momento en el cual podrá presentar cuanta documentación considere conveniente en defensa de sus intereses y apoyo de sus manifestaciones".

Este mismo martes, la juez ha citado a declarar como imputado a petición de su propia defensa a Miguel Espínola, incluido como 'intruso' en el ERE de Dhul y que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, y también a un perito que ha realizado un dictamen pericial sobre el patrimonio del extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2012.

Este informe patrimonial, según el abogado de Bordallo, "deja patente la inexistencia de enriquecimiento patrimonial ilícito" que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "pretende imputar" al encausado, ya que "sus ingresos son consecuencia exclusiva de las remuneraciones a su trabajo y están perfectamente justificados y todos ellos debidamente declarados a Hacienda", lo que "debiera conllevar de oficio" el archivo de las actuaciones seguidas contra su cliente.

La juez, que ha citado al perito para que ratifique su dictamen, acordó igualmente librar oficio a una serie de entidades bancarias "a fin de que aporten los movimientos bancarios" de Bordallo, "incluidas las transferencias y movimientos internos, con expresión de la procedencia y destino de los mismos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2012".

El miércoles comparece la letrada jefe de la cámara de cuentas

Asimismo, la juez ha citado a declarar este miércoles, a partir de las 9,30 horas, a la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Margarita Regli Crivell, y a los ex interventores generales de la Junta Manuel Gómez Martínez —como imputado— y Rocío Marcos Ortiz —como testigo—.

El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un ex alto cargo de IDEA, solicitó que se citara como testigo-perito a la letrada jefe de la Cámara de Cuentas al entender que dicha comparecencia es "necesaria, clarificadora e imprescindible para el sostenimiento y demostración de las tesis jurídicas defensivas".

Esta comparecencia se llevará a cabo después de que, el pasado día 10 de noviembre, la juez tomara declaración también como testigos-peritos a los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas que realizaron un informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.

Los integrantes del equipo de fiscalización, cabe recordarlo, ratificaron ante la juez María Núñez Bolaños el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para el abono de estas ayudas.

De su lado, la comparecencia de los dos ex interventores generales de la Junta también ha sido fijada también para este miércoles después de que fuera suspendida el pasado 21 de octubre a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó que el Tribunal Supremo remitiera antes testimonio de la declaración que el ex interventor prestó ante el Alto Tribunal en la causa seguida contra los entonces aforados.

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