La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha puesto en valor el hecho de que hasta 548 ayuntamientos andaluces, una tercera parte de los casi 800 municipios existentes en la comunidad autónoma andaluza, se haya adherido al llamado Pacto de los Alcaldes, según el cual se comprometen, para el año 2020, a una reducción de emisiones y residuos del 20 por ciento, así como que el 20 por ciento de la energía sea de fuentes renovables.

El consejero del ramo, José Fiscal, se ha congratulado de este dato en una entrevista concedida a Europa Press, subrayando que Andalucía es una de las regiones con mayor número de localidades adheridas a este pacto y, por tanto, con un planeamiento de sus emisiones.

Este aspecto se incardina con la conocida como Ley Andaluza de Cambio Climático, futura normativa que tramita este departamento y que pretende "dar rango de ley a lo que ya se está haciendo en Andalucía dentro del sector difuso, donde tenemos capacidad para influir". Con ello, Fiscal se ha referido al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), al cual las empresas, hasta ahora, se adscribían de manera voluntaria y que ahora será obligatorio para aquellas actividades con grandes niveles de producción de CO2, al objeto de compensar los mismos en el medio natural.

El consejero ha precisado que la Consejería intentará que la aprobación se produzca "cuanto antes" y, a este respecto, el cronograma contempla que la ley vaya a Consejo de Gobierno y, posteriormente, al Parlamento, para su tramitación final, en el primer trimestre de 2016.

En concreto, el texto fijará nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero y se centrará sobre todo en las denominadas 'emisiones difusas', hasta ahora reguladas de forma insuficiente al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión.

La futura norma establece además techos de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan este tipo de contaminación difusa, fundamentalmente el agrario, el transporte, el residencial y el comercial e institucional, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea.

Estos límites, denominados 'presupuestos de carbono', serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas previstas.

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados, el anteproyecto incluye, entre otras novedades, la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado y la regulación de las medidas para incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2.