El exlíder sindical José Ángel Fernández Villa no ha acudido esta mañana a declarar ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, María Simonet Quelle Coto, que lo había citación como imputado por un delito de apropiación indebida durante su etapa como secretario general en el Sindicato de los Obreros Minero de Asturias (SOMA).

Villa ha alegado motivos de salud para no comparecer entre una gran expectación mediática para conocer cuál será la decisión final de la magistrada, que la pasada semana solicitó un informe forense para conocer el estado de salud del exsindicalista.

La abogada de Villa, Ana Boto, sí se ha personado en el juzgado para conocer la decisión de la jueza y escuchar la declaración del exsecretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, que estaba citado para las 09.45 horas y que acudió en compañía de su abogado, Alfredo García.

García ha apuntado, ante los periodistas, la voluntad de su cliente de colaborar con la investigación y su intención de solicitar un aplazamiento de la declaración ante la nueva documentación del SOMA sobre el proceso.

Así, se continúa a la espera de conocer la decisión de la jueza en relación a la comparecencia de Villa y si, finalmente, será hoy o en otra fecha cuando Castillejo preste declaración. Por el momento continúa la reunión entre la magistrada y los letrados.

La jueza esperaba conocer el viernes el informe forense que había solicitado para aclarar el estado de salud de Fernández Villa, pero no ha sido hasta este lunes cuando ha podido analizarlo.

Estaba citado para las 10.15 horas y en su lugar ha aparecido por las dependencias judiciales su abogada. José Ángel Fernández Villa ha alegado "padecimientos médicos irreversibles" para intentar evitar su declaración ante los tribunales. También había evitado por las mismas causas su comparecencia hace unos meses ante la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias, que pretendía esclarecer el origen de los 1,2 millones ocultos que regularizó en la amnistía fiscal de 2012 y que investiga la Fiscalía Anticorrupción.