La Audiencia de Málaga prevé iniciar la ejecución, es decir, los trámites para hacer cumplir la sentencia del caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, en los próximos días, previsiblemente, a lo largo de la próxima semana, según han confirmado fuentes judiciales.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga, la misma que juzgó el caso, quiere dictar la próxima semana el auto de ejecución de sentencia, en el que se requerirá a cada uno de los condenados que cumplan con lo dispuesto en la resolución en cuanto a las penas de prisión, dándoles un plazo para ingresar; y al pago de indemnizaciones o multas impuestas.

El Tribunal Supremo emitió el 29 de julio de 2015 su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Sección Primera en octubre de 2013, aunque agravó alguna de las penas impuestas a instancias de la Fiscalía. Posteriormente, rechazó los incidentes de nulidad y remitió a la Audiencia malagueña la causa. Desde ese momento, la Sala de Málaga trabaja en iniciar la ejecución de la sentencia.

Esta ejecutoria es compleja y para llevarla a cabo en el auto en el que se declarará la firmeza de la sentencia y se iniciará la ejecución se deberá tener en cuenta la resolución del Supremo, pero también un auto aclaratorio posterior, que modificó las penas impuestas a algunos de los exconcejales por el delito de cohecho.

El Alto Tribunal elevó algunas condenas, como fue el caso de Roca, cuya pena pasó de 11 a 17 años de prisión, al atribuirle un nuevo delito de fraude fiscal y agravar las condenas por cohecho y blanqueo de capitales. En el caso del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, la condena de dos años de cárcel no fue modificada. Ambos están ya en prisión.

Asimismo, el Supremo modificó la pena para Yagüe, que pasó de seis años a cinco años y medio de prisión; mientras que a la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos se le impuso tres años y medio de cárcel —frente a los cuatro a los que le condenó la Audiencia—. En el caso de Pedro Román, su condena aumentó de cuatro a cuatro años y seis meses de prisión.

En el caso de los exconcejales, las penas van entre los dos años y medio de cárcel —tras corregirse un error de la sentencia del Supremo— y los cinco años. En cuanto a los empresarios, fueron condenados, entre otros, Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentan a cuatro años y cuatro meses en la cárcel; mientras que a José Ávila Rojas se le impuso tres años y seis meses de prisión.

Otros condenados fueron colaboradores de Roca, como Juan Germán Hoffman, al que se le impuso cinco años de cárcel; el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta y el contable Salvador Gardoqui, condenados a cuatro años de prisión cada uno; y Montserrat Corulla, con una pena de tres años y medio de cárcel.