Los parlamentarios socialistas Javier Izquierdo y José Francisco Martín, integrantes de la comisión constituida en las Cortes para indagar el supuesto cobro de comisiones por la autorización de parques eólicos en Castilla y León, iniciarán en el Servicio Territorial de la Junta en Burgos su "periplo" para tratar de desenmarañar la presunta trama que, según a ambos, desprende un "tufo de mala praxis y de extorsión" que exige una investigación a fondo.

Su decisión de hacer su primera escala en Burgos, una vez que la Junta ha advertido de que los expedientes tan sólo se podrán consultar en cada uno de sus nueve servicios territoriales, la han justificado ambos procuradores en el hecho de que de los 290 parques eólicos autorizados en Castilla y León, 51 de ellos se encuentran emplazados en dicha provincia.

Entre ellos, Izquierdo ha desvelado hoy tres parques "que hasta ahora no figuraban en los papeles" y que fueron tramitados por HN Generación Eólica e Iberdrola Energías Renovables para posteriormente ser transmitidos a Peache Energías Renovables S.A, participada ésta en un 60 por ciento por Biovent Holding S.A.—filial de Iberdrola—y en otro 40 por ciento por Grupo Pascual, con la particularidad en los tres casos de que la tramitación de los tres expedientes se había demorado hasta entonces por espacio de entre 1.702 y 2.027 días y, sorprendentemente, una vez producido el cambio de titular la autorización definitiva se produjo en dos de ellos a los 174 días y en el otro 12 días después.

Idéntica mecánica, una tramitación dilatada en el tiempo, el algunos casos de hasta seis años, se aprecia igualmente en otros 18 parques eólicos que tienen también como solicitantes iniciales a empresas del grupo Iberdrola, frente a una rápida autorización final, en tres, siete o 382 días en el peor de los casos, después de que dichas mercantiles decidieran transmitir los mismos a Energía Global Castellana, participada al 60 y 40 por ciento, respectivamente, por Biovent—filial de la eléctrica que promovió las concesiones—y San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva, ex responsable de EXCAL y, presuntamente, uno de los mayores beneficiarios de la trama.

Al igual que en los casos anteriores, el socialista Javier Izquierdo se pregunta qué razones tenía Iberdrola para trasmitir esos parques a una empresa creada 'ex novo', con un capital social de 60.000 euros y en la que ya tan sólo controlaba el 60 por ciento, cuando en la mayoría de los casos sus solicitudes de parques contaban ya con declaración de impacto ambiental aprobada y tan sólo falta estampar la firma de autorización definitiva.

Desembolso de 47 MILLONES

La operación, a su juicio, no tiene explicación razonable si se tiene en cuenta que finalmente el citado Esgueva vendió a Iberdrola el 40 por ciento de su participación en Energía Global Castellana—24.000 euros—a cambio de un total de 47 millones de euros, tal y como refleja el informe de la Agencia Tributaria que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción y que la AEAT rechaza poner en manos de los integrantes de la comisión investigadora creada en las Cortes.

Idéntica situación se habría producido en otros tres parques cuya solicitud fue iniciada por Ibervento S.L. y Endesa, de los cuales, tras una tramitación de casi 2.000 días, dos de ellos fueron autorizados dos días después y un tercero dos meses más tarde de que los proyectos pasaran a titularidad de Productor Regional de Energía, constituida al 85 por ciento por Endesa y al 15 por ciento por Inverduero Eólica S.L, del Grupo Collosa.

"Todo esto arroja un tufo de mala praxis y de extorsión es que preciso aclarar", insiste Izquierdo, quien ha anunciado su propósito de llamar a los responsables de estas empresas para que comparezcan en el seno de la comisión investigadora a fin de explicar sus conversaciones con la Junta y si las operaciones desarrolladas fueron un "tráfico empresarial de acciones razonable o sufrieron algún tipo de presión para que vendieran los parques a las mercantiles que finalmente resultaron adjudicatarias de los mismos".

En su comparecencia, el a su vez secretario del PSOE de Valladolid ha apuntado su disposición a recorrer en busca de documentación los nueve servicios territoriales de la Junta, empezando primero por el de Burgos, donde se investigarán los 51 parques otorgados, entre ellos nueve de los dieciocho concedidos a Energía Global Castellana, tres a Inverduero y dos a Peache Energías Renovables.

El socialista, en tono irónico, también ha advertido de que el foro investigador constituido en las Cortes sobre la trama eólica debería pasar a denominarse la "comisión Villanueva-Delgado-Esgueva", después de que se hayan asignado a la misma las pesquisas sobre la operación de compra-venta del edificio de la ADE en Arroyo y el parque "no empresarial" de Portillo, pues "son los tres actores principales en estos tres casos de corrupción en Castilla y León".

Con respecto a los dos primeros, Izquierdo ha censurado que a partir de 2004, cuando Villanueva asumió la Consejería de Economía y Delgado se convirtió en viceconsejero, propiciaran un "cambio radical" en el procedimiento de autorización de parques eólicos al comenzar a utilizar la fórmula de la avocación para saltarse los servicios territoriales de Industria y resolver ellos mismos.

A partir de entonces, de los 290 parques autorizados siguieron la fórmula de la avocación 182 (el 63%), y de estos últimos 142 fueron validados por el propio Rafael Delgado y los otros 40 restantes por la viceconsejera de Política Económica, Begoña Hernández.

"La actividad de Delgado fue frenética, pues de esos 142 parques, 41 los autorizó en los últimos seis meses previos a su cese el 30 de junio de 2007 y otros 16 en el último mes", ha aseverado Izquierdo, quien atribuye tal circunstancia a que "había mucha prisa por hacerlo, un frenesí inusitado. Esta práctica de la avocación, junto con el silencio administrativo, dejó en manos de los viceconsejeros un poder absoluto a la hora de conceder parques eólicos" que, en su opinión, derivó en este tipo de prácticas que es preciso depurar hasta sus últimas consecuencias.