El Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla juzgará este viernes a los padres de Javier García Marín, el Cuco, y a P.B.R., el supuesto infiltrado que ha entregado al juez más de 600 horas de conversaciones grabadas en el entorno y en la familia del Cuco, por incumplir la orden de alejamiento que tenía el entonces menor de edad respecto a la familia de Marta del Castillo.

El Cuco fue sorprendido el 14 de noviembre de 2010 cuando viajaba en un vehículo junto a sus progenitores y el supuesto infiltrado por la AP-4 que une Sevilla y Cádiz, a 26 kilómetros de la provincia hispalense, cuando sobre el entonces menor pesaba una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta del Castillo o de su lugar de residencia.

Las mismas fuentes han señalado que el juicio se celebrará este viernes, a partir de las 11.00 horas, tras ser aplazado por segunda vez el pasado día 11 de diciembre debido a que, por un error mecanográfico, se había citado a los dos policías nacionales que elaboraron el atestado y no a los que interceptaron el vehículo en el control policial establecido a la altura del kilómetro 25,5 de la carretera AP-4, en dirección Sevilla.

Una vez comprobado el error, se citó a estos últimos pero con muy poca antelación, lo que motivó el aplazamiento.

Aunque la vista oral se aplazó, tanto los padres del Cuco como el supuesto infiltrado se sentaron en el banquillo de los acusados, destacando que éste último lo hizo cubriendo su rostro con unas gafas oscuras, un pasamontañas y un gorro de lana, lo que motivó que el juez le llamara la atención para que se descubriera la cara. Y así lo hizo.

Tras aplazarse el juicio, el padre de Marta, Antonio del Castillo, desveló que los acusados habían "intentado llegar a una conformidad, pero no lo han conseguido" porque el presunto infiltrado "no quiere reconocer su culpa, porque no la tiene, y lo veo muy lógico".

El supuesto infiltrado, según agregó el padre de Marta, "se ha negado a llegar a un acuerdo, porque él quiere que se reconozca su condición y lo que ha hecho, y es normal" en el caso de una persona "que ha trabajado para un Cuerpo, para un estamento".

En la vista oral, la Fiscalía pedirá para los padres del Cuco, identificados como R.I.G.M. y A.R.C., y para el supuesto infiltrado, que era la persona que conducía el coche, el pago de una multa de 6.480 euros como cooperadores necesarios de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que fue el 5 de noviembre de 2009 cuando el Juzgado de Menores número 3 acordó imponer al Cuco las medidas cautelares de "convivencia con grupo educativo y la prohibición de aproximarse a menos de 50 kilómetros de la familia nuclear de la víctima o de comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento, las cuales deberá comenzar a cumplir una vez finalice la medida de internamiento cautelar" que se encontraba entonces cumpliendo.

De este modo, y para el cumplimiento de dicha medida cautelar, al Cuco "le fueron concedidos diversos permisos de convivencias familiares con una duración entre cuatro y siete horas, en las localidades próximas a donde se encuentra ubicado el piso de convivencia", entre ellos un permiso para que "disfrutara de una convivencia familiar en El Puerto de Santa María (Cádiz) en horario de 13,00 a 20,00 horas del día 14 de noviembre de 2010".

Al hilo, el Ministerio Público dice que, tras serle notificado dicho permiso "en tiempo y forma" tanto al menor como a sus representantes legales y a su abogado, los tres acusados recogieron al entonces menor de edad en el piso de convivencia sobre las 13.00 horas del día señalado para, "acto seguido, emprender un viaje hacia Sevilla".

La Fiscalía concreta que, sobre las 13.40 horas, y mientras iban a bordo de un vehículo Opel Signium en compañía del Cuco, fueron interceptados por un control de Policía a la altura del kilómetro 25,5 de la carretera AP-4, en dirección Sevilla.

Y todo ello, afirma el Ministerio Público, pese a que los imputados "eran conocedores, no solo de la orden de prohibición de aproximación impuesta mediante auto de 5 de noviembre de 2009" dictado por el Juzgado de Menores número 3, que impedía al entonces menor acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta, "sino también de la medida cautelar de convivencia en grupo educativo".

"La anterior resolución fue notificada al representante legal" del Cuco, "al letrado y a él mismo", concluye la Fiscalía en su escrito de acusación, donde solicita imponer a cada imputado la pena de multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros.

Por estos mismos hechos, el Cuco ya fue condenado a 12 meses de libertad vigilada por un delito de quebrantamiento de condena, lo que hay que sumar a la condena de dos años y once meses de internamiento seguidos de un mes de libertad vigilada por encubrir el crimen de Marta del Castillo, pena que ya cumplió y que le posibilitó poder abandonar el centro donde permanecía recluido.

Dentro de la causa contra el Cuco, los padres del entonces menor de edad ya comparecieron como testigos ante la Fiscalía y se acogieron a su derecho a no declarar, limitándose a ratificar la declaración prestada ante un Juzgado de Utrera en la que aseguraron que el día de los hechos "se equivocaron de carretera" y que su objetivo era acudir a una fiesta de cumpleaños en Las Cabezas de San Juan.