Todo está organizado. La sala, los asistentes, su colocación, el calendario. Este lunes a las 9.30 horas, después de cinco años y medio de instrucción, arranca en Palma de Mallorca el macrojuicio del 'caso Nóos', la causa que pasará a la historia por sentar por primera vez en el banquillo de los acusados a un miembro de la familia real española.

El tribunal juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, y el que fuera su socio, Diego Torres. Estas percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Ejecutivo balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid. Las acusaciones piden para los 18 acusados entre 2 y 26 años de cárcel.

La infanta todavía tiene sin embargo una última baza para terminar no siendo juzgada: la Audiencia de Palma aún puede decidir si le aplica la denominada doctrina Botín. Esta determina que una acusación popular no puede mantener la acusación de alguien que no está imputado por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado.

Las magistradas que componen el tribunal, Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, deberán tomar esa decisión después de que las partes expongan este lunes las cuestiones previas en una sesión con presencia de todos los implicados. En el caso de que las juezas confirmen la legitimidad de Manos Limpias para ejercer la acusación popular contra ella, doña Cristina declarará la última, una vez que lo hayan hecho los otros 17 encausados.

En el caso de que la infanta finalmente declare, lo hará frente a un retrato de su hermano, el rey Felipe VI, que cuelga de la pared a la que dan la espalda las tres magistradas, en una sala de vistas situada en la tercera planta de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma, propiedad del Gobierno balear. La expectación generada por este juicio ha obligado a adecuar un inmueble que ya ha albergado procesos con un elevado número de encausados.

El sitio de la doña Cristina está ubicado junto a un pequeño grupo de 15 periodistas que presenciarán las sesiones desde dentro de la sala. Se sitúa en la última de las tres primeras filas, destinadas a los acusados, justo detrás de Ana María Tejeiro, la esposa de Torres. Comparte fila con su marido pero separados por tres sitios. Urdangarin debe sentarse junto a su exsocio.

Al fondo, en una esquina, se situará el público. Como cualquier otra vista ordinaria, esta es abierta. La elección de las 36 personas que podrán asistir a su arranque se hará por orden de llegada hasta completar las plazas previstas. La selección se llevará a cabo a las 8.00 horas y, por motivos de seguridad, los elegidos tendrán que ocupar el espacio reservado para ellos a las 8.30 horas.

Los espectadores, igual que los 15 reporteros, no podrán portar teléfonos, tabletas, ordenadores, cámaras fotográficas ni cualquier otro dispositivo de comunicación o susceptible de registrar imágenes y sonidos. Y solo podrán abandonar la estancia cuando el tribunal ordene periodos de receso.

De los 590 profesionales de 84 medios de comunicación que se han acreditado, otros 120 seguirán el juicio mediante las pantallas instaladas en una sala de prensa, única ubicación dentro del edificio en la que estará permitido tomar imágenes. Este lunes y el primer día de las declaraciones de los acusados, el 9 de febrero, igual que al final del juicio, se ofrecerán imágenes del interior de la sala que serán distribuidas a todos los medios. Las fotografías las realizará y difundirá la agencia Efe y las imágenes de televisión, RTVE.

Las declaraciones de los procesados tendrán lugar entre el 9 y el 26 de febrero y comenzarán con la del exdirector general de Deportes de Baleares José Luis 'Pepote' Ballester. A partir de ahí está establecido el orden de las intervenciones, pero no los días concretos de cada una de ellas, porque dependerá de lo que se prolonguen. De esta forma sí se sabe por ejemplo que el quinto en comparecer será el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y la undécima, la exconsejera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen.

Entre los últimos en hacerlo se encuentran los acusados para los que se solicitan mayores penas, comenzando por la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro. Le seguirán su esposo y Urdangarin.

Tras todos ellos será el turno de los cuatro acusados que han reclamado la exoneración en aplicación de la doctrina Botín, en caso de que no sea aceptada dicha petición. Además de la infanta, en esa situación están Miguel Tejeiro, cuñado de Torres y secretario del Instituto Nóos; Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, y Salvador Trinxet, asesor fiscal.

En una siguiente fase serán  presentadas las pruebas testificales y periciales. Entre el 8 de marzo y el 17 de mayo desfilarán por la sala de vistas los 363 testigos de la causa, entre ellos numerosos rostros conocidos. El 11 de marzo lo harán el exministro de Economía Rodrigo Rato y el exjefe de la casa real Alberto Aza. El 12 de abril comparecerá la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; el 14, el exconseller de la Comunidad Valenciana Esteban González Pons, y el 15, el expresidente de la región Francisco Camps. El que fuera secretario de las infantas Carlos García Revenga lo hará el 20 de abril y ya en mayo, el día 13, intervendrán el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky.

En junio será el momento de la prueba documental, las conclusiones, los informes de las partes y el trámite de última palabra de los acusados. Con todo ello, el juicio quedará visto para sentencia el 30 de junio.

Esta vista será la culminación de una larga investigación que ha quedado recogida en 76.000 folios, distribuidos en 91 carpetas, 14 archivadores y 17 cajas de cartón. Durante este proceso, que comenzó en julio de 2010, el juez José Castro pasó de rechazar la imputación de doña Cristina en 2012 a citarla a declarar como imputada un año después. La Audiencia de Palma dejó dicha citación sin efecto pero el instructor volvió a tomar la misma decisión en 2014 y la infanta tuvo que acudir a declarar el 8 de febrero de ese año.

Finalizada la instrucción, en un primer momento el tribunal que juzgará el caso iba a estar presidido por el juez Juan Pedro Yllanes Suárez. El magistrado sin embargo solicitó una excedencia al ser elegido como cabeza de lista de Podemos por Baleares para las elecciones generales del 20 de diciembre y fue sustituido por la magistrada Romero.

Estos son los acusados, los delitos que se les imputan y las penas a las que se enfrentan.

Cristina de Borbón. La hermana del rey Felipe VI será procesada por delito fiscal como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. Solo la acusa Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y reclama una pena de ocho años de prisión y multa de dos millones de euros. Se libró del delito de blanqueo de dinero.

Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta está acusado de cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y otro de blanqueo de capitales. Presuntamente utilizó Nóos y entidades satélite para saquear fondos de instituciones públicas. La Fiscalía pide para él 19,5 años de reclusión y Manos Limpias, 26,5 años.

Diego Torres. Socio de Urdangarin al frente del Instituto Nóos y presunto autor de cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, uno contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y uno de blanqueo. Se enfrenta a penas de entre 16,5 (Fiscalía) y 22,5 años (Manos Limpias).

Jaume Matas. Expresidente del Govern y del PP balear y exministro de Medio Ambiente. Está acusado de delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, todos ellos por partida doble, presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad. Cumplió nueve meses por corrupción, por otra pieza separada del llamado 'caso Palma Arena'. Ahora podría ser condenado a 11 años de cárcel.

Ana María Tejeiro. Esposa de Torres y responsable de personal de las empresas de Nóos. Se le atribuyen cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, uno contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, otro de falsificación y uno de blanqueo. Manos Limpias le reclama 19,5 años de privación de libertad; la Fiscalía la acusa de blanqueo de capitales y propone dos años.

Marco Antonio Tejeiro. Cuñado de Torres y contable de Nóos. Imputado por los mismos delitos que su hermana y su cuñado a excepción del fraude a Hacienda. Alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en el que acusa a Urdangarin y Torres de crear una red corrupta para embolsarse fondos públicos. La Fiscalía, que le atribuye todos los delitos, pide para él dos años de cárcel porque confesó los hechos, mientras Manos Limpias solicita 11.

Miguel Tejeiro. Hermano del anterior y secretario del Instituto Nóos, también será juzgado como presunto autor de cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, uno de falsedad, uno de estafa y otro de falsificación. La petición de condena de la acusación popular suma 11 años.

Salvador Trinxet. Asesor fiscal que colaboró en la creación del entramado empresarial sospechoso de ser utilizado por Urdangarin y Torres para ocultar al fisco sus ingresos. Tampoco le acusa la Fiscalía y Manos Limpias quiere que se le condene a tres años por blanqueo.


José Luis 'Pepote' Ballester. Exdirector general de Deportes del Govern balear, campeón olímpico de vela y amigo de los duques de Palma. Está imputado por tres delitos de prevaricación, tres de fraude, tres de tráfico de influencias y dos de malversación por los contratos del Govern balear con el Instituto Nóos. Como ha colaborado en la investigación, las acusaciones piden para él dos años de prisión.

Gonzalo Bernal. Cuando era director de la Fundación Illesport de Baleares tramitó la contratación presuntamente irregular del Instituto Nóos, por lo que está acusado de dos delitos de prevaricación, dos de fraude, dos de tráfico de influencias y uno de malversación. Podría ser condenado a entre 8 y 11 años de cárcel.

Juan Carlos Alía. Exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur). Acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por encargar a la entidad dirigida por Urdangarin y Torres la organización de dos foros sobre turismo y deporte. Se enfrenta a peticiones de 4 y 11 años de reclusión.

Miguel Ángel Bonet. Exsecretario del Ibatur. Imputado por los mismos delitos y razones que Alía. La Fiscalía propone que sea condenado a 5,5 años y Manos Limpias, a 13.



Luis Lobón. Exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana. Se le atribuyen delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por la contratación de Nóos para organizar los foros Valencia Summit y promover la candidatura de la capital levantina para organizar unos Juegos Europeos. Piden para él de 8 a 11 años de cárcel.

José Manuel Aguilar. Exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Tiene las mismas imputaciones que el anterior por participar, presuntamente, en los mismos hechos delictivos. Manos Limpias solicita igualmente 11 años de cárcel y la Fiscalía, seis.


Jorge Vela. Exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas. Igual situación que los dos anteriores. Idénticas peticiones de pena que Aguilar, 11 y 6 años de prisión.



Elisa Maldonado. Fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Está imputada por los mismos presuntos delitos que los tres precedentes. Se enfrenta a posibles condenas de entre 8 y 11 años.

Mercedes Coghen. Exconsejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016. Acusada de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por donar 114.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos. Anticorrupción pide que sea condenada a 6,5 años de cárcel y Manos Limpias reclama nueve años.

Alfonso Grau. Exvicealcalde de Valencia, está acusado de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación a la contratación del Instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él presidía. Se enfrenta a una petición máxima de 11 años.