El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha solicitado el sobreseimiento de la causa por presunta estafa y falsedad documental abierta contra el exlíder del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, y el secretario de Organización de ese partido, Víctor García Hidalgo, al considerar que las pruebas practicadas no permiten concluir que hayan incurrido en tales conductas delictivas.

Calparsoro, a través de un escrito, recogido por Europa Press, concluye que las investigaciones realizadas "no han acreditado" que Prieto y García Hidalgo cometieran delito alguno para beneficiarse económicamente a través de las obras realizadas por una empresa constructora del exlíder del PSE alavés en varias sedes del partido.

El Fiscal, que subraya que ya se han practicado "suficientes" diligencias para esclarecer lo ocurrido, indica que no se ha demostrado que las facturas de 29.971 y 19.501 euros cobradas por la mencionada empresa (Escoiba) "no hayan correspondido a trabajos efectivamente realizados".

A través de estas sumas, procedentes de fondos públicos destinados a reforzar la seguridad de los partidos políticos, la constructora llevó a cabo diversas obras en varias sedes del PSE de Álava. Los trabajos se realizaron entre 2010 y 2012.

Sin "daño patrimonial"

El Ministerio Público, que subraya que el PSOE ha asegurado no haber sufrido "daño patrimonial" alguno y que el Tribunal de Cuentas tampoco "ha manifestado nada al respecto", concluye que "la justificación de ese gasto durante la instrucción judicial permite excluir en esta fase los indicios de un posible delito de estafa".

Además, indica que, "en el ámbito penal, es suficiente con probar que las obras se hicieron, sin que tenga relevancia para el tipo penal la mayor o menor conformidad con lo proyectado o contratado, pues ello entra en el ámbito civil".

Gestión "mejorable"

El Fiscal Superior manifiesta que "la gestión y administración de las partidas asignadas a la agrupación de Álava del PSE-EE por motivos de seguridad podía y debía haberse hecho mejor, sobre todo desde el punto de vista de la contabilidad, las fechas y los detalles de facturas".

No obstante, reitera que el PSE-EE, como presunto perjudicado, "ha entendido, tras recibir copia de la denuncia (que fue presentada de forma anónima por un particular) y tener conocimiento de los hechos, que no le consta daño patrimonial".

Juan Calparsoro añade que tampoco el Tribunal de Cuentas, del que recuerda que es el órgano competente para "el control y la fiscalización" de este tipo de partidas", ha manifestado "nada al respecto".

En su escrito, el representante del Ministerio Público alude al origen anónimo de la denuncia que motivo la investigación. Si bien reconoce que la ley procesal permite abrir una investigación a raíz de una fuente de este tipo, el fiscal precisa que la jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que es necesario "tomar con mucha cautela" estas denuncias, puesto que "permiten a quien las realiza actuar por motivaciones ilegítimas con fines espurios". Por todo ello, Calparsoro ha solicitado al juez que investiga el caso el sobreseimiento de la causa abierta contra Prieto y García Hidalgo.