La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por el Gobierno canario contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dan la razón a varias empresas afectadas por la segunda moratoria turística y que reclamaban casi 167 millones de euros.

Las empresas se acogieron al artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes de 2009, que preveía solicitar una indemnización a cambio de reclasificar suelo turístico a rústico de protección territorial durante cinco años. Este artículo fue derogado por la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013, pero ya las empresas se habían acogido a este precepto.

Los fallos del TSJC, ahora avalados por el Tribunal Supremo, no fijan la cuantía de las indemnizaciones, sino que condenan al Ejecutivo canario a iniciar y resolver los procedimientos de reclasificación del suelo y de fijación de la indemnización, tal y como establece la ley.

Las empresas afectadas son compañías que no han podido ejecutar sus proyectos en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.