La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) cree que la valoración realizada esta semana por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de asistencia a la dependencia, Mónica Oltra, es "positiva" pero considera que se siguen produciendo "desigualdades" entre personas con diversidad funcional y mayores.

Asimismo, constata que se siguen produciendo diferencias por parte de la Administración "en función de los centros o servicios en los que estén siendo atendidas, es decir, entre centros residenciales y los de atención diurna".

En este sentido apunta a que se elimina el copago en los centros diurnos en los que se atiende a 4.669 personas, de los que el 71 por ciento son discapacitados. En cambio, según asegura, las medidas propuestas en los centros residenciales en los que se atiende a 12.482 personas, la mayoría personas mayores, "no se elimina el copago, sino que se aumenta el dinero de bolsillo".

Este dinero para gastos personales para las personas con diversidad funcional aumenta un 57%, pero el incremento es menor para las personas mayores, de un 24%, con una cuantía final inferior para los mayores.

La patronal de asistencia a la dependencia asegura que no está de acuerdo en la eliminación del copago "en unos recursos sociales y en otros no", como es el caso de las residencias. A su juicio, "se debe fijar medidas igualitarias, si la política es eliminar el copago, éste debe hacerse en todos los recursos y no solo en los diurnos". Así mismo, cree necesario establecer un modelo que "respete" la igualdad entre personas con diversidad funcional y mayores.

Reducción listas espera

Sobre la intención del Consell de reducir las listas de espera, considera que es "muy positiva" ya que p"ermite prestar una atención, en el momento adecuado, y con dignidad a las personas dependientes". No obstante, apunta a que es necesaria "una mejora de la información para conocer que tipos de prestaciones se están resolviendo ya que parece que se está produciendo un excesivo número de cuidador no profesional, una figura que la propia ley califica como extraordinaria en caso de que no pueda ofrecerse ningún servicio profesionalizado".

Aerte también valora el esfuerzo que se está haciendo en materia de pagos, pero sostiene que se deben abonar de manera mensual todas las obligaciones que tiene la Administración, "a consecuencia de atención a las personas dependientes, independientemente del tipo de recurso con que se atienda a esa persona".

"Es decir, hay que pagar las prestaciones para cuidador no profesional, las prestaciones vinculadas al servicio de residencia, centros de día, servicio de ayuda a domicilio pero también las facturas de las empresas que gestionan estos centros de titularidad pública y que atienden de la misma manera a las personas en situación de dependencia", recalca.

Si no fuese así, advierte de que "se estaría tratando de distinta manera a dos personas en la misma situación pero que son atendidos con distintos servicios". Aerte considera "fundamenta"l la implantación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que daba la posibilidad de elección del servicio a la personas en situación de dependencia si no consideraba adecuada la propuesta de la Administración.

Para ello, cree necesario que el Consell "desarrolle algún instrumento que agilice este trámite de cara a reducir el tiempo de espera del usuario y dotarle de la máxima libertad de elección de forma rápida".

Para Aerte, el incremento del presupuesto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en un 17% "tendrá un impacto positivo en la vida de las personas en situación de dependencia siempre que vaya acompañado de los recursos necesarios para su ejecución".

"No sabemos si la Generalitat tiene los recursos propios necesarios para afrontar estas cantidades o si necesita seguir contando con los fondos provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica, lo que nos dejaría de nuevo en una situación en la que las entidades que prestan estos servicios cobrarían con un retraso en muchos casos de casi un año haciendo muy complicada la gestión de estos servicios", ha precisado.

La asociación espera de la Generalitat "la solución definitiva y rápida del programa de concierto de plazas residenciales, compromiso adquirido por este gobierno en diversas ocasiones, y la modificación de los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas para asegurar el nivel de calidad del servicio, las condiciones de los trabajadores, la mejora del impacto de esta actividad en el entorno y la leal competencia entre las empresas del sector".