En concreto, se beneficiarán 910.000 pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a los 18.000 euros, que dejarán de pagar por los medicamentos recetados por los médicos del sistema público de salud.

También serán beneficiarias de estas ayudas unas 136.000 personas con diversidad funcional que presentan una discapacidad reconocida del 65% o más en el caso de mayores de edad y del 33% o más en el caso de los menores. En este caso, además de medicamentos, estas personas también podrán acceder sin pago suplementario a las ortoprótesis que necesiten, sujetas a financiación pública.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mònica Oltra, ha destacado que le gustaría que este decreto, junto al que elimina el copago en la prestación por Dependencia, fueran "los más efímeros" del Consell porque "pudiéramos tener pronto un gobierno de España que derogara la norma de 2012 que estableció los copagos, que aquí está la madre del cordero y del mal" ya que "hace elegir a la gente entre medicarse o comer".

"Lo que hay que oír", ha señalado en respuestas a las críticas del PP por la financiación de los 41 millones que supondrán la subvención de estos dos copagos. Así, ha apuntado que el PP "puede tener todas las dudas que quiera" pero a partir del 1 de enero "las personas que cumplan los requisitos van a ir con su tarjeta SIP a la Farmacia, les aparecerá marcado que no tienen que hacer frente a ese copago que estableció el Gobierno de España, se van a ir con los medicamentos y la Generalitat valenciana, gracias a un convenio con los Colegios de Farmacéuticos, se harán cargo de ese pago".

"Eso es lo que va a pasar el 1 de enero, el PP tendrá todos las dudas pero muchos votantes del PP van a salir beneficiados y van estar muy contentos de que el Gobierno valenciano palie una injusticia del Gobierno de España que es hacer elegir a la gente entre medicarse o comer". "Estamos paliando una situación injusta que ha creado el Gobierno de España", ha señalado.

DECRETO

Las ayudas son aplicables a los tratamientos médicos, tanto farmacológicos como ortoprotésicos, prescritos por profesionales del sistema sanitario público valenciano a pacientes residentes en la Comunitat Valenciana.

Según los datos de la Conselleria de Sanitat, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, 403.334 pensionistas de los que se beneficiarán de la medida no iniciaron o abandonaron alguno de los tratamientos prescritos por su médico de la red pública.

Además, el Barómetro Sanitario 2014 (Ministerio de Sanidad) muestra que un 7,9% de personas en la Comunitat manifiestan haber dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en los últimos 12 meses por no habérselo podido permitir por motivos económicos. Es la tasa más alta de toda España.

En el caso de personas con diversidad funcional, 43.300 no iniciaron o abandonaron un tratamiento recetado por un médico de la red pública. Además, un 24% de las personas a las que se prescribió material ortoprotésico no lo adquirieron, poniendo en riesgo su salud, así como su recuperación funcional o su proceso de rehabilitación.

Las ayudas a las que hacen mención los nuevos decretos están contempladas en los presupuestos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de dos líneas presupuestarias. La destinada a pensionistas, la línea T7484, está dotada de 35 millones de euros. La segunda, la T7496, de 6,6 millones de euros, es para ayudas a compensar los gastos relacionados con la protección de la salud para personas con diversidad funcional.

Todas las ayudas las gestionará directamente la Generalitat valenciana con los establecimientos de ortopedia y farmacia a través del acuerdo alcanzado con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Asociación Valenciana de Empresarios de Ortopedia.

Las farmacias o los establecimientos de ortopedia identificarán con sus equipos informáticos a partir de la información facilitada por la Conselleria a los beneficiarios con la simple lectura de la receta. De esta forma, las personas beneficiarias de las ayudas no tendrán que realizar ningún trámite. Simplemente, ya no tendrán que abonar el copago, la aportación suplementaria que se introdujo en el año 2012 para adquirir los medicamentos en los colectivos afectados.

Los beneficiarios también podrán consultar en los centros de salud, además de en las farmacias u ortopedias, si cumplen las condiciones para acogerse a la medida y dejar de esta forma de pagar por los fármacos. A partir del 1 de enero, también se informará a los beneficiarios en las propias recetas.

Derogación del copago confiscatorio a los dependientes

Asimismo, ha recordado que el Consell ha derogado "el copago confiscatorio" en la prestación por Dependencia del anterior gobierno del PP del Consell, que "se deroga complemente en centros diurnos" de forma que "ningún usuario tendrá que pagar ni un euro".

Además, se ha permitido a los usuarios de centros residenciales que "cobren sus pagas extras íntegramente" que se les había "confiscado" ya que "el PP rebajó las cuantías en algunos casos a 20 euros, lo que es una broma de mala gusto".

Oltra ha destacado que "frente al modelo de dependencia" que "por excelencia" suponía 'el modelo Cotino' —exconseller de Bienestar Social del PP— "en el que toda la acción era llenar residencias sobre todo si son negocios familiares", el nuevo enfoque de su Gobierno es que las "residencias sean últimos recursos".

Al respecto, ha defendido que "cuanto más tiempo" pasen los dependientes es su "ámbito afectivo, conocido y con sus familiares mejor" porque así "se favorece la autonomía personal frente a la dependencia".