Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase inicialmente a comienzos de noviembre las ordenanzas fiscales del Gobierno municipal del PSOE para 2016, y tras el correspondiente periodo de alegaciones, el documento definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales será este martes objeto de debate y votación.

Recordemos que por lo que respecta al impuesto de bienes inmuebles (IBI), las nuevas ordenanzas fiscales incluyen un alza del diez por ciento en los valores catastrales, si bien el PSOE defiende que el recibo del IBI quedará "absolutamente congelado" en el caso de los inmuebles residenciales, dado que el alza del valor catastral será amortiguada con una rebaja del tipo nominal de este gravamen del 0,8067 por ciento al 0,733 por ciento, siempre en el caso de las viviendas.

Distinto es el caso de los inmuebles de uso no residencial, donde en determinados casos, las nuevas ordenanzas no reducen el tipo nominal del gravamen e incluso lo suben levemente, para el diez por ciento de los inmuebles con los valores catastrales más altos. Con 4.472.054 inmuebles urbanos contabilizados en Sevilla, este supuesto afecta a 4.604 inmuebles de uso no residencial, principalmente relacionados con empresas.

Sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la conocida como plusvalía, media una rebaja de su coeficiente desde el 29,5 por ciento al 26,8 por ciento para "absorber la subida del valor catastral" de los inmuebles. En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), queda congelado en todos sus supuestos, toda vez que en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el tipo impositivo bajaba en principio del 3,85 al 3,7 por ciento.

Subida a empresas

Por lo que respecta al impuesto sobre actividades económicas, el IAE, aplicable sólo a empresas cuya facturación anual alcance el millón de euros, es decir 3.615 empresas de Sevilla, el "coeficiente de situación o de calle", el único de competencia municipal, sube un 15 por ciento.

Mediante el debate de enmiendas de la aprobación inicial del documento, fue aprobado además un recargo en el IBI a las viviendas desocupadas de los bancos e inmobiliarias, —extremo ceñido no obstante a que se levante la suspensión cautelar que pesa sobre la Ley andaluza de función social de la vivienda—, una ayuda en este impuesto a las familias más desfavorecidas, una rebaja del ICIO hasta un tipo del 3,5 por ciento, rebajas en la tasa de los mercados de abasto, subidas en las tasas de cajeros automáticos y gasolineras sin personal, más gravamen para las máquinas expendedoras de las calles, bonificaciones en el ICIO para obras de edificios destinados a colectivos de especial atención y bonificación en la tasa por servicios urbanísticos a los autónomos y parados, así como bonificar en el IBI a las empresas instaladas en la zona franca del Puerto y mejoras en las plusvalías para las cooperativas de vivienda".

A partir de ahí, y mediante el correspondiente procedimiento de información pública, el PP ha presentado 46 alegaciones, por ejemplo, como la modificación de los tipos impositivos para reducir el IBI, no aplicar criterios de renta para la tarjeta de tercera edad ni de universitarios de Tussam, —aspecto en gran medida aceptado por el PSOE—, un aumento en las bonificaciones del IBI para las familias numerosa o rebajar la tasa de veladores.

Los cajeros

Participa Sevilla, de su lado, expone que mediante sus reclamaciones al proyecto de aprobación inicial ha logrado "que se doble la tasa de cajeros automáticos que prestan servicio en la vía pública". De esta forma, cada entidad bancaria que instale estos servicios en las vías públicas deberán pagar "entre 668 y 1.527 euros, dependiendo de la calle donde estos se encuentren situados". "Los bancos van a salir reforzados de todos estos años, mientras cada vez más personas viven en situaciones de pobreza o tienen que emigrar para poder subsistir", ha explicado Julián Moreno, concejal de Participa Sevilla.

"Sin las limitaciones que impone la Ley de Haciendas Locales se podría haber intensificado las medidas para aumentar la progresividad en las ordenanzas", avisa además Moreno. Según esta legislación, el presupuesto de 2016 no se puede ampliar más de 1,8% respecto al del anterior, unos 15 millones con respecto al de 2015 y además Sevilla verá reducida la partida que recibe de los ingresos del Estado. "Ante esta situación no nos quedaba otra que apostar por aumentar los ingresos y no recurrir al endeudamiento y esa lógica hemos defendido y logrado en estos meses de negociación", ha concluido Julián Moreno.