La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a una abogada bilbaína a una pena de cinco años, cuatro meses y quince días de prisión e inhabilitación otros cinco años para ejercer su profesión, como autora de un delito continuado de estafa, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento público, con agravante de reincidencia, por cobrar a inmigrantes por contratos de trabajo falsos con los que estos buscaban regularizar su situación administrativa en España. Además, se le condena al pago de 3.600 euros de multa e inhabilitación de dos años y medio por deslealtad profesional.

El órgano judicial vizcaíno condena también al gestor que actuó de mutuo acuerdo con la abogada a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión, como autor de los mismos delitos. Además, queda inhabilitado para ejercer la profesión de gestor y asesor por un tiempo de cuatro años.

La letrada, a la fecha de los hechos juzgados, entre 2009 y principios de 2010, tenía antecedentes penales al haber sido condenada el 13 de mayo de 2008 por otro delito de estafa a la pena de dos años de prisión e inhabilitación por el mismo tiempo.

Tanto la abogada como el gestor deberán indemnizar conjunta y solidariamente con entre 1.700 y 3.000 euros a cuatro de los inmigrantes estafados.

Hechos probados

La sentencia recoge que, por conformidad de las partes, se declara probado que entre el año 2009 y principios de 2010, los acusados, actuando en común acuerdo, con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, acordaron simular varios contratos laborales con ciudadanos extranjeros con estancia irregular en España, que ellos mismos rellenaron, haciendo constar la intervención de un empleador que no sabía nada de los hechos.

Los acusados solicitaron, a cambio de su labor y gestión a los extranjeros, la entrega de distintas cantidades de dinero, haciéndoles creer que iban a obtener un permiso de residencia y alta en Seguridad Social.

La sentencia destaca hubo más de una decena de estafas a inmigrantes, que hicieron pagos de entre 1.400 y 3.000 euros, de los cuales varios han renunciado expresamente al ejercicio de las acciones que les pudieran corresponder, por lo que la resolución solo fija indemnizaciones para cuatro de los perjudicados.