Los sindicatos CSI·F, Intersindical, USO y SI han pedido este miércoles por escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la suspensión cautelar del decreto que aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales.

Los sindicatos, que ya denunciaron esa regulación por "discriminación sindical", ya que entienden que "concentra todos sus efectos en UGT y CCOO", han explicado en un comunicado que el Gobierno, para dictar el reglamento, excedió el plazo de seis meses concedido por la disposición final segunda de la ley habilitante.

Al respecto ha indicado que la ley fue publicada el 9 de abril de 2015, mientras que el reglamento lo hizo el 28 de octubre, lo que "determina la nulidad de pleno derecho del decreto mencionado".

Los cuatro sindicatos han presentado recurso contra el decreto 193/2015 del 23 de octubre por el que se aprueba el reglamento de la Ley 7/2015 de Participación y Colaboración Institucional, publicado el 28 de octubre.

En el documento solicitan la "medida cautelar de suspensión provisional de la resolución impugnada hasta que recaiga sentencia definitiva en el presente recurso contencioso-administrativo". Los sindicatos recurrentes subrayan la importancia de la suspensión cautelar por "las consecuencias que se producirán de llevarse a cabo ese reglamento".

Como ejemplo, indican que "lo que hasta ahora podría entenderse como participación institucional se amplía desmesuradamente en ese reglamento". "Incluso abarca impropiamente a todo tipo de organismos dependientes de la Generalitat, con lo que se agranda la participación institucional de los sindicatos CCOO y UGT, todo ello en beneficio exclusivo de los mismos", manifiestan. De este modo, alertan de que "toda esa proyección pública redundará en un incremento de afiliación de estos sindicatos".

A partir de ese momento, resultará "imposible" a los demandantes "revertir la situación creada a favor de CCOO y UGT", por lo que el recurso "habrá perdido por completo su finalidad legítima". Por ese motivo solicitan la suspensión cautelar del decreto.