El PP rechaza la Ley de Acompañamiento porque perjudica a sectores de actividad y por las tasas

El grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, porque "perjudica a algunos sectores de actividad" y por el incremento que prevé en algunas tasas.
Antonio Suárez (PP)
Antonio Suárez (PP)
EUROPA PRESS
Antonio Suárez (PP)

El grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, porque "perjudica a algunos sectores de actividad" y por el incremento que prevé en algunas tasas.

En rueda de prensa, el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha señalado que la Ley de Acompañamiento presentada por el Gobierno de Aragón pretende modificar 27 leyes sectoriales y "toca bastante el campo legislativo sectorial de la Comunidad", causando "un perjuicio notorio" en algunos sectores.

El diputado ha señalado que el proyecto de ley prevé vetar la posibilidad de que ocupen puestos en las entidades de Derecho público de la Comunidad Autónoma empleados públicos de otras Administraciones públicas, lo que por ejemplo afectaría a los funcionarios municipales de Zaragoza, limitando su movilidad "y lo que es más grave, perjudica a las propias entidades de Derecho público de la Comunidad" porque se les "coarta" la posibilidad de "tener a los mejores".

Antonio Suárez ha considerado, asimismo, que con esta Ley de Acompañamiento el Ejecutivo regional pretende "tratar de decir, por decreto, a los ayuntamientos cómo tienen que gestionar" los residuos domésticos y comerciales no peligrosos, lo que afecta al principio de autonomía municipal.

Suárez ha alertado de que el proyecto de Ley de Acompañamiento "fija incrementos injustificados" de algunas tasas "que nosotros consideramos excesivos".

Las modificaciones de las tasas ambientales "son excesivas", ya que en algunos casos llegan al 25 por ciento, al 40 e incluso al 90 por ciento. Ha expuesto que el concepto de tasa implica que el pago debe ser suficiente para mantener el coste del servicio, pero si se suben "hay que hacerlo progresivamente, no puede ser en golpetazos tan considerables como estos, que además "afectan a sectores importantes".

PRESUPUESTOS

El parlamentario del PP ha dicho que en el debate de totalidad de los Presupuestos se verá que este es "un Gobierno que carece de credibilidad" y que "hay planteamientos que no se sostienen". Se ha preguntado cómo es posible que antes del debate de totalidad el Gobierno se esté planteando realizar modificaciones en el proyecto de ley, "no una, ni dos ni tres".

Antonio Suárez ha asegurado que "se va a ver cómo el llamado Presupuesto social que ellos quieren presentar no es tal". El Gobierno, ha continuado, "tendrá que explicar qué medidas ha incorporado para luchar contra el mayor problema social que tiene la Comunidad: 91.000 parados".

A su juicio, el Ejecutivo "va a quedar al descubierto en un tema netamente social", la falta de partidas para las ayudas a domicilio y los servicios sociales de base de las comarcas. Los Presupuestos de 2016 "recortan a las comarcas", ha lamentado.

Servicios públicos

Asimismo, el portavoz de Hacienda del PP ha alertado de que también se debatirá y votará el proyecto de Ley de medidas tributarias para el mantenimiento de los servicios públicos, que aplica "un subidón tributario para todos los aragoneses" y "queda mucho peor" con las enmiendas de Podemos.

Antonio Suárez ha dicho que la subida del IRPF "afecta ya a las clases medias" aunque inicialmente iba a repercutir en el 0,5 por ciento de la población, y la modificación del impuesto de transmisiones patrimoniales "también grava a las clases medias e incluso bajas", ya que la vivienda usada "la adquieren los que menos poder adquisitivo tienen".

Ha recordado que el anterior Gobierno de Aragón (PP-PAR) cerró un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza "después de muchos años de conflicto" en torno al impuesto sobre la contaminación del agua (ICA) y ahora "se quiere reabrir ese asunto", lo que "tendrá que lidiar el Gobierno autonómico".

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