El Pleno del Parlamento ha instado este martes a la Junta a solicitar al Gobierno la derogación del Real Decreto por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecida en la Ley Orgánica de Educación, así como la paralización de cualquier actuación o medida en este sentido, y la apertura de un verdadero proceso de diálogo y consenso democrático con las organizaciones políticas y los agentes educativos para restaurar las condiciones que conduzcan a la verdadera mejora de la educación en Andalucía.

Esta petición se ha producido en virtud de una proposición no de ley defendida por el PSOE-A en el Pleno de la Cámara y que ha contado con los votos en contra del PP-A y de Ciudadanos (C's) y a favor de Podemos y de IULV-CA.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Adela Segura ha explicado que este real decreto, además de suponer una contradicción insostenible con los verdaderos principios de la evaluación en educación primaria "que debe ser continua, global, formativa y orientadora", introduce unas obligaciones "inespecíficas e imposibles de asumir en cuanto a la aplicación de esta reválida claramente innecesaria, inoportuna e impuesta, y claramente rechazada por la comunidad educativa".

Según ha indicado Segura, con esta nueva norma emanada de la Lomce, el alumnado de primaria recibirá una calificación final expresada en términos "muy reduccionistas" y que pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse en esta etapa educativa. Además, el establecimiento de los rankings de centros que pretende el Gobierno central no contribuirá a la mejora del sistema educativo, "sino a la discriminación y desprestigio de los centros docentes".

La parlamentaria del PP-A Marifrán Carazo ha denunciado que la Junta ha preferido la "confrontación a la gestión" en materia educativa, hablando de la Lomce permanentemente en lugar de hablar de la Ley de Educación Andaluza y todos sus "incumplimientos". Ha insistido en que la Junta ha mantenido una "actitud de confrontación por sistema" con el Gobierno central, olvidando los "graves problemas" que existen en el sistema educativo andaluz.

La diputada de Podemos Libertad Benítez ha indicado que la Lomce se aprobó sin ningún tipo de consenso y ha acusado al Gobierno andaluz de ser un "alumno aventajado" del Ejecutivo nacional en aplicación de dicha norma. Ha indicado que la iniciativa del PSOE-A no deja claro su posicionamiento real respecto a este tipo de pruebas, sino que genera "dudas".

El parlamentario de Ciudadanos José Antonio Funes ha considerado que hay que conocer la realidad de la actividad docente porque solo así se podrá mejorar. Ha manifestado que la evaluación más que como una fiscalización debe entender como una oportunidad de mejorar.

La diputada de IULV-CA Carmen Pérez ha considerado que esta norma es "centralista" y que supone una "discriminación social", así como también una "invasión" de las competencias de las comunidades autónomas. "¿De qué vale una evaluación continua y la opinión del equipo docente si al final se va a decidir todo en una reválida?", se ha preguntado la parlamentaria.