El Ministerio de Sanidad indemnizará con 155.000 euros al hijo de un hombre que falleció el 17 de septiembre de 1995 tras someterle los especialistas del hospital Gregorio Marañón a una intervención abdominal «innecesaria», que le produjo lesiones mortales. La sentencia del Supremo (dictada ahora, más de dos décadas después del suceso) considera «evidente» que existió una «anómala» actuación por parte de la Administración, ya que dio lugar a una operación quirúrgica «no justificada». Ni el paciente ni su familia firmaron el consentimiento informado para la intervención.