La Asamblea Regional ha convalidado esta mañana, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos (C's) y la abstención de Podemos, un decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018 el plazo para cumplir con las obligaciones de ejecución, justificación y reintegro de las subvenciones concedidas a los ayuntamientos de la Región.

La convalidación de este decreto-ley viene motivada, según han explicado los parlamentarios, para ayudar a los ayuntamientos de la Región a regularizar la situación de las subvenciones que tienen concedidas y no ejecutadas o justificadas durante la crisis. "Es una buena noticia para los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos", ha asegurado el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo.

Carrillo, ha recordado que se concedieron una serie de subvenciones a los ayuntamientos, pero por la crisis las actuaciones no se pudieron llevar a cabo. En el año 2011 se aplazó la justificación o el reintegro de estas subvenciones hasta el 31 de diciembre de este año.

A fin de solucionar el problema, los presupuestos regionales de 2016 contemplaban ya la prórroga de las justificación de estas subvenciones, aunque el retraso a aprobar los presupuestos, cuyo trámite concluirá el próximo 26 de enero, ha obligado al Gobierno regional a elaborar este decreto-ley.

Durante el debate parlamentario, el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, ha informado de que al final de este ejercicio, la deuda de los ayuntamientos de la Región alcanzará los 107 millones de euros. "El retraso de la aprobación de los presupuestos ha motivado que se deba aprobar esta medida", ha remarcado, al tiempo que ha detallado que se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos y que "de no convalidarse el decreto, muchos ayuntamientos tendrían graves dificultades".

Asimismo, ha aportado datos de subvenciones concedidas a ayuntamientos. En Educación se asciende a 30,4 millones; en Presidencia, a 19,3 millones, en Cultura y Deportes a 19,7 millones, en Infraestructuras; 17 millones; Política Social, 13,2 millones; Patrimonio, 1,2 millones y Turismo y Empleo, 374 mil euros.

Grupos parlamentarios como el PSOE han mostrado su posición favorable a este decreto, ya que, tal y como ha indicado el diputado Alfonso Navarro, tras los comicios municipales, los 27 ayuntamientos con gobierno socialista se encontraron con deudas por no aplicar "unas subvenciones que eran ajenas". Los socialistas han recordado que plantearon que esta situación había que solucionarla "y hoy nos traen un decreto-ley que nos da esa satisfacción".

Los socialistas también han añadido que se alegran de que "se haga justicia" con los ayuntamientos para aplazar en 3 años la justificación de las subvenciones y que los "vecinos de Murcia verán que sus ayuntamientos tendrán más desahogo".

Por su parte, Podemos se ha abstenido en la votación porque lo que ellos querían era que esta medida se tramitara como proyecto de ley. Su portavoz, Óscar Urralburu, ha afirmado que comprenden que la situación de los ayuntamientos exige una ampliación de la moratoria, aunque también ven necesario reformar el sistema de financiación de las corporaciones locales.

"El problema es que esta reforma habla también de los consorcios, pero no cita cuáles. Nos colocan una situación en la que vamos, supuestamente, con dinero público, aumentando un déficit de la Comunidad Autónoma a financiar a empresas privadas o público-privado y se establece una condonación que establece que será completa de intereses para los consorcios", ha apuntado.

En cuanto a Ciudadanos, su diputado, Luis Francisco Fernández, ha advertido que entienden que se trata de subvenciones finalistas y que, por tanto, "se debería llevar el control desde el Gobierno regional".

Para ellos, el Gobierno tendría que pedir informes a los ayuntamientos sobre las cantidades pendientes y han exigido al gobierno que cumpla con su responsabilidad de "controlar esos fondos y que no sea una financiación encubierta".

Por último, el popular Marcos Ortuño, ha asegurado que el Gobierno regional "cumple sus compromisos" en materia de infraestructuras, agua, impuestos y con los ayuntamientos. "Se recoge así la petición de las corporaciones locales", ha concluido.