El Consejo de Administración de la sociedad gestora de Canal de Navarra (CANASA), sociedad participada al 60% por el Ministerio y al 40% por el Ejecutivo foral, ha decidido este lunes en Madrid que la subida de las tarifas a los usuarios de Canal de Navarra se discuta en la reunión del Comité de Seguimiento que se celebrará en enero.

De este modo, y a petición del Gobierno de Navarra, se buscará una solución "consensuada" entre Ministerio de Agricultura, Gobierno de Navarra y regantes. Según ha indicado el Ejecutivo foral, "se trata de buscar una solución viable para todas las partes que no ponga en riesgo la rentabilidad de las explotaciones de la zona regable, tanto para los usuarios, como para la sociedad pública gestora del Canal".

En la reunión, que tendrá lugar a mediados del próximo mes de enero, se van a plantear distintos escenarios económicos y diferentes planteamientos para consensuar las tarifas que abonan por el agua del canal los distintos usuarios.

El objetivo de los representantes forales es "utilizar todas las herramientas posibles para llegar a acuerdos con los usuarios", ha destacado el Gobierno navarro en un comunicado, en el que ha apuntado que "si no hay rentabilidad para los usuarios, el proyecto de canal deja de tener sentido".

El Consejo de Administración de Canasa ha sido presidido por la directora general de Agua del Ministerio Liliana Ardiles, y en él han participado como representantes del Gobierno foral, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local Isabel Elizalde, el director general de Agricultura, Ignacio Gil, y el secretario técnico de Desarrollo Económico, Martín Orradre.

Desde el Gobierno navarro han recordado que Canasa "ha aplicado ya a la Comunidad General de Regantes, en el mes de noviembre, el primero de los tramos de incremento tarifario (15% para 2015) que aprobó en junio con el voto favorable del entonces Gobierno de Navarra en funciones de UPN".

A petición del actual Ejecutivo, la sociedad pública aprobó en su última junta la creación de una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de la Administración Central, dos del Gobierno Foral y dos de los usuarios (uno de la comunidad de regantes y otro de los usuarios de boca), con el objetivo de "contrastar y consensuar el incremento de tarifas".

Por otro lado, los miembros del Consejo han sido informados de que la Mancomunidad de Mairaga también ha solicitado la reducción de la concesión de uso de agua de boca, al igual que hizo recientemente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Por ese motivo, se ha considerado de interés la inclusión de un representante de estos usos en la Comisión de Seguimiento.