Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid han atendido desde 2012 a 606 familias en riesgo de desahucio con el fin de prevenir situaciones coyunturales de insolvencia hipotecaria, si bien la concejal Rafaela Romero ha explicado que el equipo de Gobierno busca cómo llegar mejor a posibles personas "de clase media" que se encuentran en esta situación.

Así lo ha explicado Romero después de mantener una reunión con la responsable del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid, Almudena Alonso, en la que también ha participado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, y concejales de los otros tres grupos municipales —Sí Se Puede, Partido Popular y Ciudadanos— con el fin de avanzar en la creación del Servicio de Intermediación Hipotecaria.

En la reunión se ha avanzado en el plan de trabajo para el desarrollo de este Servicio, tal y como se acordó en el primer Pleno del presente mandato celebrado el pasado mes de julio, y se ha acordado mantener una nueva reunión en el mes de enero y "más adelante" convocar una mesa en la que participarán las asociaciones y entidades que trabajan en este ámbito.

El objetivo, han subrayado Saravia y Romero, es que "nadie quede fuera", pues la edil ha advertido de que por el momento se ha atendido a familias que ya tenían contacto con los servicios sociales, si bien no se ha llegado al "colectivo de clase media", como podrían ser familias cuyos miembros trabajaban, se han quedado en el paro y no pueden asumir el pago de la hipoteca.

La concejal de Servicios Sociales ha dado a conocer los datos de intermediaciones desde que se puso en marcha la interlocución en situaciones de insolvencia hipotecaria, en el año 2012, un período en el que han atendido 691 citas, de las cuales 606 son casos distintos y las otras 85 son situaciones ya cerradas que se han vuelto a abrir a petición de las familias.

A todas estas familias se las ha asesorado y prestado atención integral, y, de ellas, 85 han recibido orientación para la economía familiar, 82 han sido derivadas a otros servicios y a 81 se les ha gestionado y concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía.

De las 606 familias, en 262 casos se ha iniciado la interlocución con entidades financieras, de los cuales 36 están todavía en marcha.

Las otras 226 se han cerrado por distintos motivos como la dación en pago, en 14 ocasiones; la restructuración de la deuda, en 81 casos; por desistimiento del interesado, en 59 casos; por mejora de la situación económica, en diez ocasiones; y por otro tipo de acuerdos en 26. En otros 36 casos, no se ha alcanzado acuerdo.

El perfil de las familias atendidas corresponde a desempleados que fundamentalmente han trabajado en la construcción y autónomos afectados por la crisis. La mayoría de ellos es perceptora de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de prestaciones por desempleo.