El jefe del Servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Junta, Agustín Barahona Martín, acusado de un delito de prevaricación por paralizar, presuntamente, la descontaminación en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) de una parcela de casi 8.000 metros cúbicos utilizada por Nitratos Castilla S.A, más tarde Fertiberia, como basurero de hidrocarburos que plantean riesgo potencial cancerígeno y tóxico, ha justificado la demora en la retirada de los vertidos en la falta de personal que sufre su departamento.

El procesado, que se enfrenta a una petición de ocho años de inhabilitación, tal y como solicita el Ministerio Fiscal, ha asegurado desde el banquillo, durante la primera jornada del juicio celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3, que no tenía "intención personal" alguna en que la solicitud presentada en 2006 por Nicas para obtener de la Junta autorización para retirar los residuos allí depositados a lo largo de treinta años, junto con la declaración de la parcela como suelo contaminado, permaneciera en el cajón durante años sin ser atendida.

En su alegato exculpatorio el funcionario ha derivado, en primer lugar, cualquier responsabilidad en sus subalternos, técnicos de su departamento que 'motu proprio' y sin que él tuviera que darles indicación alguna eran los encargados de ir "tirando" de los expedientes que iban entrando para su tramitación.

"En ningún momento me encargo de gestionarlos, son los técnicos, en quienes confío, los que los van viendo pues cada uno de ellos tiene sus funciones", ha insistido Barahona, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido, para cimentar su falta de responsabilidad, que la falta además de personal, con más de 3.000 expedientes recibidos al año y tan sólo un técnico dedicado a descontaminación de suelos en toda Castilla y León, supone un serio obstáculo para llevar a cabo una tramitación más rápida.

En ese contexto, Barahona ha enmarcado la contratación de una consultoría externa, Tecnoma, a la que se encomendó el estudio de este expediente y de otros doce más, entre ellos los presentados por Metales Extruidos, Smurfit Kappa, Uralita y CLH, al tiempo que ha precisado que los técnicos priorizan uno u otro en función del riesgo, y en aquel momento el de Nicas no figuraban en la escala como prioritario.

De hecho, el acusado recuerda que los vertidos de Nicas en una antigua cantera de carbonato cálcico ubicada en el 'Polígono Corrales' de Santovenia, propiedad de dicha sociedad, a unos 3 kilómetros al Oeste, llevaban allí depositados desde 1984 y "no se ha constatado que hayan ocasionado una contaminación. No era un espacio prioritario de actuación, cuando además está situado en un paraje remoto y no transitado por personas".

El todavía jefe de Control de Residuos ha recordado además que su departamento no pudo realizar trámite alguno hasta que la consultoría externa, Tecnoma, emitiera su informe, "que era preceptivo", lo que no se produjo hasta noviembre de 2009. Sin embargo, no ha aclarado, salvo por la aludida falta de personal, por qué hasta febrero de 2013 no se retomó el expediente de Nicas, y ello a pesar de que en 2008 la Confederación Hidrográfica del Duero ya había sancionado a la empresa con una multa de 10.000 euros por vertidos peligrosos susceptibles de contaminar el dominio hidráulico.

Ni de tal sanción de la CHD ni del informe que Nicas presentó a la Junta a través de la empresa 'Hera AG Medioambiental', que constataba el "riesgo inaceptable para la salud humana" de los vertidos, tuvo conocimiento Barahona, como así ha confesado, hasta que se enteró de que había sido denunciado en vía penal por prevaricación.

Varios técnicos a las órdenes de Barahona han contradicho a éste en lo relativo a su autonomía plena a la hora de tramitar los expedientes, ya que las dos testigos han apuntado que era él quien "asignaba y supervisaba" las tareas.

La segunda de ambas, contratada laboral por obra, ha recordado que fue en febrero de 2013 cuando el acusado le pidió que revisara la solicitud presentada por Nicas y ha advertido de que si la hubiera analizado en su momento en 2007, cuando se recepcionó la documentación original, habría ordenado ya la retirada de los residuos y un estudio del suelo para ver si estaba contaminado.

Un perro y una moto,

Atascados por la brea

De la conversión en escombrera de residuos tóxicos a que se había reducido la parcela investigada no se tuvo conocimiento hasta que primero en 2007 y luego en 2011 se produjeran sendos percances, uno protagonizado por un perro de caza que quedó "atascado" en una gran balsa de brea y el segundo sufrido por un motociclista cuya moto corrió idéntica suerte.

Varios agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron la zona han ratificado los hechos y advertido de que la parcela era de "fácil acceso" puesto que carecía de vallado y de señalización alguna que advirtiera de la composición del terreno, mientras que otra pareja de guardias del Seprona, cuyo informe dio pie al expediente sancionador de la CHD, ha indicado que a primera vista se percibía ya que se trataba de un vertido de hidrocarburos, "lo que planteaba un riesgo por escorrentía" por la proximidad de las siete balsas al Pisuerga y otros cursos fluviales como el arroyo del Val o el Junquero.

Entre los testigos de la defensa, un jefe de sección y el hoy coordinador de Servicios de la Dirección General del Medio Natural, Francisco Javier Muñoz, han ratificado la falta de personal para garantizar un buen servicio. El primero de ambos ha asegurado que este año se ha resuelto un expediente iniciado en 2010, mientras que el segundo, debido a esta limitación de medios humanos, ha confesado no ser capaz de saber hoy en día si en su propia dirección duerme el sueño de los justos un expediente desde hace años.

Otro testigo de la defensa, jefe del Servicio de Evaluación Ambiental ha declarado haber estado en la parcela de Santovenia a la que ha definido como "una gran masa de chicle", pero ha negado que los residuos allí almacenados entrañaran riesgo alguno para la salud.

"Me dio la sensación de que los vertidos, que llevan allí treinta años, estaban como empaquetados", ha insistido Alejandro Meana, quien reitera que su percepción personal es que aquello "era difícil que contaminara las aguas".

El juicio no pudo concluir este lunes debido a la incomparecencia del representante legal de Fertiberia, pese a estar personalmente citado. Por tal motivo, la acusadora pública ha solicitado la suspensión de la vista, petición estimada por el juez, que además de imponer 300 euros de multa al testigo ha emplazado de nuevo a las partes para este miércoles al objeto de concluir la vista.