El fiscal del caso 'Cheques', en el que se investiga la presunta malversación de más de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha solicitado el sobreseimiento de la causa con respecto al exdelegado Clemente García mientras que ha mantenido la acusación contra el funcionario del departamento Miguel G.L., al que también imputa por un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

Durante la comparecencia prevista en la Ley del Jurado celebrada este lunes en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería, la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, no ha modificado y ha decidido acusar tanto a García como a Miguel G.L. mientras que las defensa han interesado, en ambos casos, el sobreseimiento provisional. La jueza deberá resolver ahora sobre estos extremos y en relación a las diligencias complementarias que han interesado las partes.

En declaraciones a los periodistas a su salida de la Ciudad de la Justicia, García ha trasladado su "satisfacción" por la petición del Ministerio Público ya que demuestra, según ha dicho, "que no tengo absolutamente nada que ver con este asunto tan desagradable como ya dije desde el principio" al tiempo que ha lamentado que la Junta de Andalucía sostenga la acusación contra él.

"La Junta sigue empeñada en meter la burra de culo pero tengo que decir que más pronto que tarde, porque tengo confianza absoluta en la justicia, el responsable, el ladrón de este robo a mano armada a la Junta de Andalucía acabará con sus huesos en la cárcel. Eso es lo más importante porque quiero que esto se solvente cuanto antes, que es lo mejor para todos", ha asegurado.

García ha señalado que él "no es ni el responsable del pago de las facturas" ni del "robo indiscriminado de 300.000 euros mediante cheques al portador" y ha remarcado que el caso "está blanco y en botella". "Habrá que preguntarle a la Junta por qué sigue acusándome aunque ahora será la jueza la que tome en consideración con el asesoramiento del fiscal", ha concluido.

Entre las diligencias que se han solicitado en la comparecencia, que se ha prolongado por espacio de media hora, el Ministerio Público ha solicitado que se oficie a las entidades financieras en las que tiene abiertas cuentas Miguel G.L. para que remitan informes de los movimientos registrados mientras que la defensa de Clemente García ha pedido que sean incorporados a la causa los cuadernillos de medios de comunicación en los que se insertó la publicidad por un importe de 40.000 euros.

Por otra parte, la entidad bancaria en la que se cobraron los cheques, en una segunda tanda "sin estar ya autorizado" el funcionario investigado, quien además habría "falseado" presuntamente su DNI "modificando un número", ha trasladado que va a consignar en el juzgado 112.000 euros para hacer frente a una eventual responsabilidad civil subsidiaria.

El juzgado instructor acordó en noviembre mediante auto que la causa se tramitase por la Ley de Jurado ya que estimó que concurrían indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

La resolución llegó después de que se completaran las últimas diligencias ordenadas, en concreto, un informe ampliatorio que ofició para indagar en su patrimonio del funcionario y por cuyas conclusiones tuvo que prestar una nueva declaración con asistencia letrada en sede judicial el pasado octubre.

Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de la recaudación obtenida por esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica" aunque los testigos de la entidad financiera habrían identificado a Miguel G.L. como la persona que cobraba esos cheques.

Así, la instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario, sobre todo a raíz de esta última pericial aportada a la causa que señala, en la primera remesa de 'cheques' de 2009, "correspondencias" entre las cantidades cobradas en efectivo con cargo a esa cuenta autonómica y los ingresos realizados con poca diferencia en el tiempo por Miguel G.L. en cuentas de las que era titular. A eso se une que las disposiciones también se prolongaron en el tiempo con diferentes personas al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y él como supuesto "denominador común".

La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía, y a raíz de la que se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos, recogía que con Clemente García al frente de la Delegación de Medio Ambiente se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros.

Mientras, con su sucesora en el cargo, para quien la jueza dictó el sobreseimiento de las actuaciones en abril de 2014 al no apreciar responsabilidad en ella, los movimientos alcanzaron unos 104.000 euros al tiempo que con quien ha sido hasta hace poco responsable del departamento y promotor de la denuncia como perjudicado, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.

Tribunal de cuentas

Paralelamente, está pendiente de sustanciar en el Tribunal de Cuentas el procedimiento de reintegro por alcance que se sigue por este pago "injustificado" de cheques también contra el exdelegado del ramo Clemente García y el funcionario del mismo departamento Miguel G.L.

Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.

El Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, que debe ahora dictar sentencia, acordó, asimismo, pedir testimonio al Juzgado de Instrucción 1 de Almería de la causa penal para dirimir si existió malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012.