La Asamblea de Ceuta ha aprobado este lunes por unanimidad una propuesta del segundo grupo de la oposición en la Cámara autonómica, la coalición Caballas, para instar al Gobierno que preside Juan Vivas (PP) a "no hacer efectiva ninguna orden de desalojo, en ningún caso, hasta que no se ponga a disposición de las familias afectadas un alojamiento alternativo digno y adecuado a las necesidades de cada unidad familiar".

El portavoz proponente, el localista Juan Luis Aróstegui, ha lamentado que el Ministerio de Defensa se haya convertido en la ciudad autónoma en "el primer promotor de desahucios para tener sus casas vacías" y ha argumentado que la vivienda debe ser "un derecho social de primer orden que las instituciones públicas tienen la obligación de hacer efectivo destinando a ello cuantos recursos sean necesarios".

"El desalojo se convierte en una vulneración de un derecho fundamental que no se debe aceptar bajo ningún concepto porque dejar a una familia sin un techo en el que cobijarse es un acto criminal", ha abundado el diputado de Caballas, que también ha hecho hincapié en que los Servicios Sociales de la Administración local "son notoriamente insuficientes y no responden adecuadamente a la realidad social que sufren los más vulnerables y necesitados".

El consejero de Fomento, Néstor García, ha defendido que la Ciudad Autónoma no ha dejado a "ninguna" familia desahuciada durante los últimos años sin un techo en el que refugiarse. Según sus datos, entre 2013 y este ejercicio se han visto obligadas a salir de sus casas un total de 21 unidades familiares, dieciséis por mandato judicial y el resto por incendios, inundaciones o hundimientos del techo. "En todos los casos se ha asistido a los perjudicados con ayudas y soluciones habitaciones alternativas, política que vamos a mantener en el futuro", ha asegurado.

El Pleno también ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE para que el Ejecutivo de Vivas ponga en marcha un "servicio de mediación inmobiliaria" conveniado con el Colegio de Abogados y "adaptado a la realidad ceutí y en coordinación con el área de Servicios sociales".

El objetivo de ese instrumento sería "dar a los afectados de forma personalizada la información necesaria sobre cómo abordar sus dificultades de pago tanto en ejecuciones hipotecarias como en conflictos derivados de arrendamientos e intermediar antes las entidades bancarias y propietarios de inmuebles para, en la medida de lo posible, encontrar soluciones, evitar la ejecución o, en todo caso, minimizar sus efectos".